Una de las propuestas hechas por Pedro Sánchez al Gobierno de la Generalitat a través de la Agenda para el Reencuentro es la de que los medios públicos catalanes -TV3 y Catalunya Ràdio- puedan deducirse el IVA y, de este modo, evitar pagar la cantidad del impuesto de los últimos ejercicios, valorados en 167 millones de euros.

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Si las negociaciones llegan a buen puerto, esta medida serviría para satisfacer una demanda de la cadena pública autonómica, pero también tendrá un beneficiario indirecto: el empresario Jaume Roures, propietario de la productora Mediapro S.L.U. 

Cuando en 2017 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro llevó a cabo la llamada Ley del IVA, una adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público y con un nuevo sistema de liquidaciones que limitaba la deducibilidad del IVA a las televisiones públicas e instituciones culturales, TV3 tuvo que recortar parte del presupuesto destinado a la producción externa con el fin de hacer frente al pago del IVA de los ejercicios de 2015, 2016 y 2017, que alcanzaban un total de 167 millones.

La gran damnificada de los primeros recortes de la cadena fue el magazín vespertino Tarda Oberta -de la productora de Roures-, que fue sustituido por el programa Tot es Mou, de producción interna.

Asimismo, este plan de contención de la cadena obligó a reconsiderar futuras contrataciones externas de las principales productoras que trabajan para TV3, como son Diagonal TV (del grupo Gestmusic Endemol); El Terrat (fundada por Andreu Buenafuente y adquirida recientemente por Mediapro) o Minoría Absoluta S.L (de Toni Soler, director del programa de sátira política Polònia).

"Los grandes palos del IVA se pasaron al Govern para que los asumiera, ya que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales dijo que no podía asumirlos. Esto afectó mucho a la compra de producciones externas, comenzando por el programa de tarde de Mediapro", explican desde el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC).

Por contra, los salarios y plantilla de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) no se tocaron, como garantizó la presidenta del comité de dirección, Núria Llorach. La Corporación cuenta con una plantilla de más de 2.300 empleados. Es decir, la compra de series y las coproducciones con compañías como la de Roures fueron las principales perjudicadas.

El hecho de que el Govern de la Generalitat tuviera sus presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo agravó la situación de la CCMA, que llevó ante el Tribunal Económico-Administrativo Central el criterio fiscal establecido por Montoro para evitar el pago de estos 167 millones.

Financiación adicional

El contencioso todavía está por resolver, pero si la cesión de Sánchez se consuma, esta cantidad podría quedar exenta de destinarse a la Agencia Tributaria.

Otra de las prerrogativas que puede surgir de la mesa de negociación por lo que respecta a TV3, explican fuentes de la cadena a EL ESPAÑOL, es el "retorno de un Multiplex (MUX)", que serviría "para recuperar el canal infantil íntegro".

Desde el Sindicat de Periodistes de Catalunya se muestran “prudentes” hasta que no se cierre el acuerdo, pero afirman que algunas externalizaciones “son necesarias” porque la plantilla de TV3 no puede abarcarlo. “No se pueden hacer desde dentro”, apostillan.

En litigios anteriores, la Justicia otorgó la razón a la corporación catalana y demás televisiones que llevaron la cuestión a los tribunales. El cambio de criterio de Montoro (que obliga abonar el 21% de las contrataciones que efectuaban los medios públicos) afectó a todas las televisiones autonómicas, pero en especial a TV3 debido a su dimensión y gran nivel de gasto.

“Los canales autonómicos contaban como financiación adicional con las devoluciones del IVA, ya que deducían la totalidad del impuesto soportado”, explica César García Novoa, catedrático en Derecho Tributario en la Universidad de Compostela.

Directiva europea

La adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público a la directiva europea entró en vigor el 9 de noviembre de 2017, y en ella se refleja que las subvenciones culturales están exentas de tributar el IVA.

El dilema estriba en la discrepancia de criterios entre el anterior Gobierno y la cadena catalana sobre la retroactividad de los pagos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se acogió a dos sentencias europeas del caso Rayón D'Or, de 2015 (en el que las empresas subvencionadas tributarán el IVA si ésta afecta al precio del servicio), para solicitar esta deuda a TV3 con carácter retroactivo.

Ahora, la propuesta 21 de la Agenda del Reencuentro, relativa al “IVA deducible de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales”, puede resolver a favor de los intereses del Govern en esta guerra del IVA que se inició con el anterior Gobierno del PP.

Si Sánchez cede finalmente para beneficiar a TV3, el resto de cadenas autonómicas podrían reclamar el mismo trato. Ganarían las productoras externas y perderían las arcas del Estado.