Con el anuncio de la ofensiva legal y parlamentaria que el Partido Popular pretende llevar a cabo para paralizar la reforma del Código Penal promovida por Sánchez, otro asunto emerge, ineludiblemente, en los quehaceres políticos y que es una prioridad para el Gobierno. Había quedado algo tapado tras un fin de semana convulso, de polémica en polémica, pero necesita de consenso: la renovación de los órganos constitucionales. Especialmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La composición del CGPJ —que, por definición, ha de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado— varía cada cinco años y es el resultado de la elección del Congreso y el Senado. Está formado por 20 vocales —12 son jueces y 8 son juristas—, que selecciona al 50% cada Cámara, y por un presidente. Así, tradicionalmente, los miembros del Consejo salen del acuerdo entre los partidos. Normalmente, PP y PSOE.
Pero con la deriva de la actualidad, y los dos grandes partidos enfrentados por temas judiciales, los populares ven imposible, a día de hoy, que el CGPJ pueda renovarse. Así lo comentan fuentes de la dirección del PP en privado. “Cada día es más difícil”, suspiran. De momento, el órgano sigue interino desde 2018 pero aún mantiene mayoría conservadora.
"Cada día es más difícil"
Lo cierto es que la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, seguido con lo que desde Génova han venido a llamar la “reforma Junqueras” —la actualización que desea llevar a cabo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos del Código Penal—, ha hecho que a ambas formaciones políticas las separe un abismo. Al menos, tal y como dejan ver en sus declaraciones mediáticas.
La última, este miércoles. El número 2 del PP, Teodoro García Egea, dio por hecho que se está "empezando a conocer el pacto oculto de Pedro Sánchez con los separatistas" y que su objetivo es, "en vez de fortalecer el estado de derecho, debilitarlo".
Si bien la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, adujo este martes tras la celebración del Consejo de Ministros que "el Gobierno tiene previsto revisar el Código Penal (...) también en los casos, especialmente importantes, que tienen que ver con el consentimiento en materia de igualdad, respecto a las relaciones sexuales", los populares no creen que se queden ahí.
Las condiciones del PP
La mano del PP, defiende el partido, está tendida para hablar del CGPJ. El presidente nacional, Pablo Casado, supeditó durante el pasado fin de semana la renovación del órgano de los jueces a tres condiciones. Para sentarse a hablar, el Gobierno tiene que aceptar tres condiciones: "despolitizar" la Justicia en la elección de estos órganos, reforzar la euroorden y tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum.
¿Qué quiere decir con esto? El primer requisito de Casado pasa por que la elección de los vocales del CGPJ deba hacerse por los propios jueces y que la Fiscalía General del Estado "no deba ser ocupada por un político".
La segunda cláusula consiste en que Sánchez cumpla con su compromiso de la campaña electoral y, finalmente, el PP quiere dotar de más fuerza la euroorden para que el expresident fugado de la Generalitat y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, no esté de un país a otro "sin hacer caso al juez Pablo Llarena".