Ciudadanos ha recuperado este lunes la reforma que ya impulsó en la legislatura anterior para garantizar la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno, la cual, de haberse aprobado, habría impedido que Dolores Delgado fuese propuesta como fiscal general del Estado, por haber sido hasta días antes ministra de Justicia.

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El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha registrado de nuevo esta proposición de ley tras conocerse que el Consejo de Ministros aprobará este martes la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra.

Esta reforma de la formación naranja ya fue rechazada por la Cámara Baja en febrero de 2018. Solo Unidos Podemos y Compromís votaron a favor de su admisión a trámite, mientras que el PP, el PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria y Nueva Canarias se opusieron y EH Bildu se abstuvo.

Bal ha declarado a los periodistas que, en opinión de Ciudadanos, proponer a Delgado como fiscal general del Estado va en contra de los principios de "imparcialidad, independencia técnica y despolitización" que debe cumplir el Ministerio Público.

Desjudicialización

Dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha preguntado si "ésta es su idea de desjudicialización" del "conflicto político" en Cataluña y si ha pactado con ERC la designación de Delgado, "una persona de su confianza para a saber qué instrucciones querrá dar a los fiscales".

El diputado considera que el objetivo del Ejecutivo con este nombramiento es "politizar la Justicia" y "satisfacer a los independentistas, los nacionalistas y populistas" que hicieron posible la investidura de Sánchez.

Según ha indicado, es Delgado quien, como ministra de Justicia, realizó una serie de "ataques tendentes a la instrumentalización de las instituciones al servicio" del PSOE. "Ha presionado de manera intolerable" a la Abogacía del Estado y ha "instrumentalizado" a este órgano "a favor de intereses puramente políticos", ha asegurado.

Bal ha recordado cuando a él, mientras ejercía como abogado del Estado, el Gobierno le hizo "quitar los hechos de violencia" del escrito de acusación en la causa del proceso independentista en Cataluña, y también ha puesto como ejemplo la petición que hizo la Abogacía de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiese salir de prisión para acreditarse como eurodiputado.

Frente a estos "ataques" del Ministerio de Justicia, "quien se ha mantenido firme en el mantenimiento de la legalidad y el cumplimiento de los intereses generales" ha sido la hasta ahora Fiscal General del Estado, María José Segarra, que quizá "no es lo suficientemente servil", ha apuntado.

Puertas giratorias

Asimismo, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso ha criticado la "absoluta falta de decoro" que ha demostrado el Gobierno en este "caso flagrante de puertas giratorias", al pasar Delgado del Ejecutivo a la Fiscalía, y se ha preguntado si el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habrá expresado su criterio sobre este nombramiento.

Por último, ha cuestionado que la Fiscalía pueda asumir en el futuro la instrucción de las causas penales ahora que el Gobierno ha puesto al frente de esta institución a una persona de "clarísimo perfil político". "¿Vamos a politizar todas las causas penales? ¿Se va a ejercer la acusación penal solo cuando el Gobierno quiera? ¿Se van a retirar las acusaciones penales cuando el Gobierno quiera?", ha manifestado.

Por todo ello, Ciudadanos quiere que se vuelva a debatir en la Cámara Baja su propuesta de reforma de la Fiscalía. Esta prevé que el Fiscal General del Estado sea propuesto por el Gobierno, pero que el candidato deba someterse a una votación en el Pleno del Congreso y que su ratificación requiera el apoyo de al menos dos tercios de los diputados.

Requisitos

Además, el candidato debería ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 25 años de ejercicio de la profesión, en vez de los 15 años que se exigen ahora, y no podría haber desempeñado ningún cargo público o electivo durante los diez años anteriores. Este último requisito no lo cumpliría Delgado por haber sido ministra de Justicia en la última legislatura.

Ciudadanos también apuesta por ampliar de cuatro a seis años el mandato del fiscal general del Estado y permitir su destitución por parte del Congreso, así como reforzar las competencias del Consejo Fiscal y de las juntas de fiscales para que los fiscales "puedan ejercer su trabajo con independencia" y estar sujetos únicamente a la defensa de la Constitución y del interés general, no a "las instrucciones de sus jefes" y del Fiscal General del Estado, según ha destacado Bal.

El diputado de la formación naranja ha lamentado que tanto el PP como el PSOE votaran en contra de esta reforma hace dos años y ha dicho que habrá que ver si los populares han cambiado ahora de opinión ante esta "situación de emergencia". Se trata, ha dicho, de la Fiscalía General del Estado, "no del Gobierno, del PP o de Sánchez".

Por otro lado, sobre el nuevo ministro de Justicia, Bal ha afirmado que tiene un currículum "intachable", pero que "se ha equivocado de Gobierno". "Creo que va a tener muchas preocupaciones y dificultades" porque "va a tener que obedecer las instrucciones políticas", ha añadido, expresando su deseo de que Campo no olvide su condición de magistrado y la necesidad de que el poder judicial sea independiente.

En este sentido, ha dicho que tendrá que, tras los "infames pactos del PSOE con ERC", tendrá que explicar "qué entiende él por desjudicialización del conflicto político" catalán y "si es posible o no una amnistía de lo que Podemos llama presos políticos", en referencia a los líderes independentistas condenados por el 'procés'.