Dos abogados han alzado la voz contra Podemos acusando al partido de "irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias". José Manuel Calvente y Mónica Carmona eran hasta hace unas horas los responsables de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo del partido. Han sido despedidos, defienden, "víctimas de represalias" por hacer su trabajo. 

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Los exempleados están haciendo daño a la formación, que este jueves justificó el despido de Calvente como consecuencia de un expediente abierto contra él por supuesto acoso sexual y laboral a una compañera del que habría pruebas. Según publica El Mundo, uno de los abogados conservaría los apuntes de los sobresueldos. El acusado ha anunciado que presentará una "querella criminal por calumnias". En Podemos aseguran que sólo la víctima podría llevarlo a los tribunales, por lo que ellos no podían entrar en el caso.

Carmona ha sido apartada por su cercanía con Calvente, sin que trascienda un motivo de mayor entidad. Por lo pronto, y a falta de mayor concreción o de que se puedan sustanciar en los juzgados, los graves hechos relatados por Calvente y Carmona están dañando la imagen de los socios de Sánchez, si bien no comprometen por lo pronto su inmediato futuro político.

Desde Podemos se responsabiliza a estos abogados de haber filtrado la denuncia de la exescolta de Irene Montero, la portavoz parlamentaria, por "trato discriminatorio", por lo que podían prever nuevas informaciones que pusieran en cuestión la democracia interna o la transparencia financiera de la cuarta fuerza política.

"Tienen miedo, reunía pruebas"

Que esperaran esta reacción no resta preocupación en las filas de Iglesias, en especial por el momento en el que esto se produce, de máxima presión sobre una coalición que necesita de la abstención del independentismo para materializarse. Además, sirve de munición para los opositores a esa alianza.

Fue el lunes cuando Podemos comunicó por burofax a Calvente su despido. Asegura que ha habido un "complot" contra él y señala a Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, a Alberto Rodríguez, secretario de Organización, y a la gerente, Rocío Val, por "construir pruebas falsas" tras detectarle -dice- investigando "corruptelas" en el seno del partido.

Calvante, de 55 años y cerca de 30 de experiencia, fue uno de los primeros contratados del partido, en 2014, una vez obtuvo cinco escaños en el Parlamento Europeo. "Tienen miedo, reunía pruebas", declara. Afirma haber sido "perseguido" al tratar de aclarar irregularidades tras recibir varias denuncias internas por contratos o despidos. Menciona por ejemplo la existencia de "sobresueldos" e "indicios de criminalidad" en procedimientos como la "manipulación de las primarias para beneficiar a determinados candidatos". O sea: corrupción.

"Si hubiera un cuerpo, me acusarían de asesinato", protesta, negando el acoso. "Pablo e Irene han dicho basta y me han fulminado. (...) "Que digan la verdad, ¡son unos cobardes!", repite estos días. Lleva tres años redactando informes y fundamentando las presuntas irregularidades que esta semana han visto la luz. "El aparato prepara una dura campaña difamatoria. Van a ir a por mí con toda su fuerza, voy a ser objeto de una dura represalia", presagia.

La también purgada Carmona sospecha que Podemos "destruía las pruebas" que ella recababa. "Yo preguntaba por algo y notaba que se ponían nerviosos. Les entraba el pánico. Empezamos a levantar muchas ampollas. A la cara, me decían que se iba a arreglar… Pero nunca lo arreglaban".

Todo comenzó con la percepción de "cosas raras" con los guardaespaldas de Iglesias e Íñigo Errejón, que ejercían como tales "sin tener titulación". Una de las escoltas pasó a trabajar con Montero y, según fuentes cercanas a los despedidos, "la trataba como a una criada".

Calvente no se achanta: "Tengo pruebas de todo. Correos, informes… Se agarran a un clavo ardiendo, a esa denuncia por acoso sexual, pero voy a reaccionar. Les voy a meter una querella". Y Podemos niega todo: "Se ha producido un despido por acoso sexual y laboral a una trabajadora. A raíz de su despido, se ha reordenado el departamento legal. Ninguna de las acusaciones vertidas tienen fundamento. Valoramos las acciones legales pertinentes", indican a la agencia Efe.