La operación está culminada. A falta de que se termine de pactar todo, y de que luego salga adelante el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en una sesión de investidura que se prevé en la semana antes de Navidad -si se cumplen los plazos marcados por el PSOE-, Manuela Carmena (Madrid, 1944) será la nueva defensora del Pueblo. De hecho, la exalcaldesa de Madrid cubrirá una de las plazas institucionales más importantes que el sostenido bloqueo institucional ha impedido renovar en los últimos años.

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La llegada de la carismática Carmena al simbólico cargo de control al Gobierno solucionaría un problema de interinidad arrastrado desde hace hace ya dos años y medio. Entonces, en julio de 2017, expiró el plazo de cinco años del mandato de Soledad Becerril. La segunda legislatura de Mariano Rajoy ya estaba inmersa en las polémicas e inestabilidades y resultaba más cómodo que el adjunto primero pactado en 2012 entre el PP y aquel PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba asumiera el cargo de manera interina.

Así fue como Francisco Fernández Marugán (Cáceres, 1946), fiel guerrista entre los socialistas, diputado desde la treintena (1982) y durante ocho legislaturas (hasta 2011), que había sido antes consejero de RTVE (1980) y reubicado en la institución ya con la edad de jubilación a los seis meses de dejar la Cámara Baja (2012), tomó las riendas de la Defensoría del Pueblo. Ahora está previsto que la deje después de siete años y medio y cuatro décadas en cargos públicos.

Jugada maestra para Iglesias

Iglesias está contento con la propuesta que le ha hecho Sánchez dentro de las negociaciones del gobierno de coalición que pactaron a las 48 horas de las elecciones del 10-N. Así lo confirman fuentes cercanas al líder morado, cuya relación con la exalcaldesa es ahora prácticamente inexistente. Pero él fue quien la señaló como candidata municipal en 2015 y acertó de pleno, aupando a los morados a la vara de mando de la capital de España. Perdió pero ganó.

Su posterior aventura en solitario primero y con Íñigo Errejón después, que a punto estuvo de romper el partido morado a principios de este año, quedó atrás. Ganó pero perdió. Y nadie en la sede de Podemos lamentó en lo personal el día en el que Carmena salió del Palacio de Cibeles tras las elecciones del 26-M. 

Pedro Sánchez mira de reojo a Pablo Iglesias en el abrazo con el que sellaron su acuerdo de Gobierno de coalición. Reuters

Pero lo cierto es que es un activo de la izquierda, y su nombre unido a un cargo de más prestigio que poder dará lustre al acuerdo de PSOE y Podemos. Pero a la vez la desactiva en lo político y aísla aún más a Errejón, único diputado de su propio partido Más País en el Congreso, ya que los otros dos elegidos en sus listas son de Compromís -Joan Baldoví- y de Equo -Inés Sabanés-.

También Sánchez eliminaría con Marugán uno de los pocos rescoldos vivos del guerrismo. Desde su llegada a la Secretaría general, el líder del PSOE ha conformado el partido a su imagen y semejanza. La nomenklatura de Zapatero terminó de caer con la exclusión de José Blanco de las listas europeas del 26-M y, por supuesto, nada queda de los viejos "guerristas y renovadores". 

Francisco Fernández Marugán, defensor del Pueblo en funciones. Efe

De hecho, Alfonso Guerra sólo se bajó del escaño a los seis meses de que el actual líder ganara las primarias de 2014. Y ahora, el exvicepresidente en la época de Felipe González se ha erigido en una de las voces más críticas dentro del PSOE al pacto de Sánchez con Iglesias, cocinado "en 24 horas y sin hablar antes con ningún partido constitucionalista". Aunque se autodenomine "progresista", el pacto no le gusta a quienes comulgan con Guerra, quien cree "acabará en drama" porque "uno tomará la iniciativa [Podemos] y el otro no podrá decir que no, aunque le gustaría [PSOE]".

Cómo sumar tres quintos

Lo previsto es que la llegada de Carmena se revista del boato que siempre acompañó los actos de asunción del cargo, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, y rodeada de representantes de las otras altas instituciones. Y es que el cargo de Defensor del Pueblo emana directamente de la Constitución como "alto comisionado" de las Cortes Generales para garantizar la defensa y protección de los derechos fundamentales.

El líder del PP, Pablo Casado, en una sesión de control al Gobierno. Efe

Según la Carta Magna, el nombre de quien ocupe el puesto es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años. Aunque la realidad es que siempre se pacta entre los partidos, tradicionalmente entre los dos mayoritarios, PP y PSOE. La Ley Orgánica 3/1981, fija las funciones y los plazos para su renovación. En la actualidad, la anomalía de Marugán es flagrante, ya que lleva 28 meses como interino cuando la norma marca que la renovación nunca se alargue más de un mes.

Pero la clave es que Sánchez e Iglesias deberán recabar los apoyos de tres quintas partes del Congreso (210 diputados) y del Senado (159) para sacar adelante el nombramiento de la exjueza Carmena como defensora del Pueblo. Y si al presidente en funciones e Iglesias ya les está costando reunir los 176 votos para la investidura, al menos para este cargo sí tendrá que devolver la llamada a Pablo Casado, pendiente desde la noche del 10-N, cuando ni atendió el telefonazo de cortesía al ganador.

Los escaños del PP decidirán el éxito de esta operación. Porque si al no más que seguro de Vox (52) se suman los populares (89), sólo quedarían 209 síes posibles para Carmena... y Marugán tendría que seguir como interino.