Hace tan solo cinco meses, el 28 de abril, que los españoles eran llamados a las urnas para votar un nuevo gobierno. Sin embargo, la incapacidad de llegar a pactos de los representantes políticos obliga a los españoles a ir a votar otra vez. Queremos saber su opinión:
Hemos salido a la calle y el hartazgo es considerable. La XIII Legislatura ha concluido este lunes, tras cuatro meses, al cerrarse la medianoche de este 23 de septiembre el plazo en el que sería posible una investidura, lo que automáticamente provocará la disolución de las Cortes y el inicio del camino hacia la repetición electoral del 10 de noviembre.
El candidato socialista, Pedro Sánchez, se presentó por encargo del rey al pleno de investidura de julio, que al ser fallido activó el plazo de dos meses desde la primera, tal y como recoge la Constitución en su artículo 99.
El lunes 23 de septiembre terminó dicho plazo, y con él la legislatura. Este martes se ha publicado en el BOE el decreto de convocatoria electoral que conlleva la disolución de las Cortes.
El proceso electoral que comienza este martes y que culminará el 10 de noviembre será inédito en la democracia española al estar regulado por una normativa aprobada en 2016 que conlleva más agilidad en los trámites, plazos más cortos y menos gasto público.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) incluyó hace tres años la disposición adicional séptima para regular las elecciones derivadas del artículo 99.5 de la Constitución, el que regula las investiduras fallidas, y por tanto, la repetición de comicios.
La celeridad con la que se acometió la inclusión esta disposición coincidió con la incertidumbre que estaban provocando las negociaciones para que hubiera investidura, una vez fracasado el primer intento del entonces candidato del PP, Mariano Rajoy, en agosto de 2016.
Ya se habían repetido las elecciones en junio y la situación no se desbloqueaba, por lo que era patente la amenaza de otra convocatoria electoral. Los plazos estipulados, los 54 días posteriores al de la convocatoria, llevaban la fecha de esas nuevas elecciones al 25 de diciembre, día de Navidad.
La reforma se aprobó antes de la investidura exitosa de Rajoy a finales de octubre, por lo que no se aplicó. Tres años más tarde sí se aplicará, y será la primera vez.