España pedirá este viernes formalmente a la ONU que dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que esta semana condenaron la detención de los políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por considerarla arbitraria se inhiban de este caso.

El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, anunció esta petición, que afecta al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong, ambos miembros del grupo de trabajo, y que sólo concierne al caso específico de los líderes independentistas.

El diplomático argumentó que "hay un conflicto de intereses" entre esos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes, quien formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.

En un comunicado el Gobierno aseguraba que  los expertos del grupo de trabajo "no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia".

Ante el cuestionamiento de los miembros del grupo que ha realizado el dictamen, Meritxell Budó, portavoz del Govern, ha defendido este vieres que la Asamblea de la ONU escoge a los miembros al Consejo de Derechos Humanos. "Son personas de reconocida solvencia y por eso pedimos al gobienro del Estado español que haga frente a lo que se pide este dictamen".

"El señor Sanchez tiene la obligación de dar una respuesta sobre lo que se le pide desde el grupo de trabajo, porque aunque no hay un régimen sancionador en este grupo de estudio pero sí que es vinculante. Si no contesta, esto no acaba aquí y tiene una continuidad que seguirá su curso y llegará a altas instancias de la ONU", ha advertido.

Por eso, el Govern ha enviado una carta a Sánchez solicitándole "la libertad inmediata de los diputados presos, abrir una investigación y difundir el dictamen por todos los medios posibles".

Borrell pide "transparencia" a la ONU

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, cree que los grupos de trabajo de la ONU, como el responsable del informe que pedía la libertad de los líderes independentistas en prisión, deben contar con una financiación "transparente y clara" y un mejor sistema de "rendición de cuentas".

Borrell ha puesto en entredicho el funcionamiento del grupo que ha emitido ese polémico informe, cuya difusión ha atribuido a una "cortina de humo" para tratar de tapar la repercusión de la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de respaldar al Tribunal Constitucional en la suspensión del pleno del Parlament de 2017 que iba a declarar la independencia de Cataluña.