Los expertos grupo de trabajo de la ONU que han pedido la liberación de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, procesados por rebelión ante el Tribunal Supremo, "no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia".
Así lo cree el Gobierno en un contundente comunicado en el que pretende desmontar un informe conocido este miércoles (disponible aquí). En él, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dependiente de un Alto Comisionado de la ONU, considera "arbitraria" la situación de prisión provisional de los tres procesados ante el Tribunal Supremo y pide su puesta en libertad "sin dilación. Sus comunicados no son vinculantes ni son emitidos por ninguno de los órganos relevantes de la ONU, como la Asamblea o el Consejo de Seguridad.
El documento, de 17 páginas, ha sido rápidamente reivindicado por los partidos independentistas, que consideran que el grupo de expertos ha desacreditado al Estado. El texto llega un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, respaldase al Tribunal Constitucional en la suspensión de un pleno del Parlament para declarar la independencia en 2017 que había sido recurrido por los partidos independentistas.
El Gobierno no ahorra en contundencia al tratar de desmontar el informe del grupo de expertos ya que "consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española", según el Ejecutivo.
Las supuestas inexactitudes
El comunicado, distribuido directamente por Moncloa, lamenta que los expertos adscritos a la ONU den "por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales". Además, "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial".
El Ejecutivo recuerda que hay muchos ciudadanos que defienden el independentismo en Cataluña sin que por eso sean "perseguidos por la Justicia".
"Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo", sigue el comunicado, "una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha".