El Gobierno ya negocia con los grupos que apuntalaron la moción de censura para convalidar en la Diputación Permanente -órgano que suplirá al Congreso hasta después de las elecciones- los decretos-leyes con los que pretende estrenar su campaña electoral. Todos ellos de carácter social, serán enarbolados por Moncloa como una victoria con la que empañar el fracaso de los presupuestos que no llegaron a aprobarse.
PP y Ciudadanos no se fían. Tachan la estrategia de "electoralismo sin precedentes". Incluso Podemos sospecha, pero sus diputados se limitan a afirmar: "Apoyaremos esas medidas si pueden solucionar la vida de la gente". Tanto el grupo parlamentario morado como las formaciones nacionalistas reconocen, en conversación con este diario, la buena marcha de las conversaciones con el Ejecutivo.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, anuncian este viernes la aprobación de las dos primeras medidas para las que ya han recabado los apoyos. El primero tiene que ver con un "plan de contingencia" frente a un "Brexit desordenado" y probablemente también aúne el "sí" de naranjas y azules. El segundo estará referido a "la igualdad laboral entre hombres y mujeres" y podría equiparar el permiso de paternidad al de maternidad.
Ciudadanos y PP mencionan el punto del Brexit como "algo extremadamente urgente", que encaja con lo que dicta la Carta Magna para la convalidación de los decretos-leyes en la Diputación Permanente. "¿Y todo lo demás? Está retorciendo la Constitución para hacer campaña", trasladan los de Rivera y Casado. "Sí está permitido. Todo es de extrema necesidad", zanjó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La responsable de las cuentas públicas, en un corrillo con los periodistas poco después del fracaso de los presupuestos, ya deslizó que Moncloa iría hasta el final con los decretos-leyes.
Los proyectos restantes, que podrían anunciarse en el Consejo de Ministros del 8 de marzo, son vivienda, oferta de empleo público, ayudas para los asistentes de personas con discapacidad, contrarreforma laboral... Este último se antoja muy improbable, teniendo en cuenta que el PDeCAT -liberal en lo económico- se encuentra en las antípodas de Podemos e Izquierda Unida.
Sobre vivienda -Iglesias tumbó el proyecto de Sánchez el pasado enero-, Sánchez podría estar a punto de alcanzar un acuerdo. Un portavoz autorizado del separatismo catalán reitera que se han solucionado muchos de los flecos, algo que también reconocen las fuentes consultadas de Podemos.
En un primer momento, el partido de los círculos se inclinaba por establecer un tope a los precios del alquiler, algo que el Ejecutivo no contempla en ningún caso. De momento, Moncloa ha ofrecido la creación de unos índices, también autonómicos, para ofrecer ventajas fiscales a quienes se ajusten a ese marco.
En relación a los desahucios, Sánchez intentará que los juzgados deban avisar con antelación a los servicios sociales. "Vaya, qué prisa le ha entrado ahora al Gobierno, ¿eh?", ironizan diputados de Podemos.
El bloque de oposición a Sánchez estudiará todos los pasos que dé el Ejecutivo con las Cámaras disueltas. Si encuentra una rendija jurídica, se planteará acudir al Tribunal Constitucional.