La instructora del caso Erial, María Isabel Rodríguez, ha acordado este jueves la libertad provisional de Eduardo Zaplana; su asesor fiscal, Francisco Grau, y el empresario Joaquín Miguel Barceló, antiguo amigo y colaborador del exministro del PP, tras haber localizado en Suiza un total de 6.330.000 euros en cuentas que les atribuye.
Los tres se encontraban en prisión provisional incondicional desde el pasado 22 de mayo, en el marco de una investigación iniciada tres años antes y que se centra en el supuesto cobro de comisiones millonarias abonadas por empresas adjudicatarias de las ITV y de parques eólicos de la Comunidad Valenciana, cobro que Zaplana ha negado reiteradamente.
La instructora, sin embargo, mantiene sus sospechas y, de hecho, vincula la libertad provisional del expolítico al hallazgo de dinero en Suiza, circunstancia que "minimiza el riesgo de fuga", afirma.
Rodríguez explica que esa atenuación del riesgo de fuga se debe a que ya está dada la orden de transferencia al Juzgado de esos fondos, imposibilitándose de esta forma que los investigados accedan al dinero.
La magistrada afirma tener indicios de que, presuntamente, "el 90%" de los 6,3 millones de euros, encontrados en dos cuentas de una entidad suiza, pertenece a Zaplana, mientras que el resto es de Barceló y Grau.
La instructora no les ha impuesto fianzas para que recuperen la libertad, pero sí deberán entregar los pasaportes -la libertad no será efectiva hasta que estos documentos no estén en poder del Juzgado- y habrán de realizar comparecencias semanales en el Juzgado de Guardia más próximo a sus domicilios.
Polémica por el estado de salud
La excarcelación de Zaplana deja atrás la intensa polémica jurídica y social que se ha producido en los últimos meses debido a la incidencia de la prisión en el estado de salud del exministro, operado de leucemia.
María Isabel Rodríguez reivindica sus decisiones en el auto de libertad y afirma que "esta instructora no debe estar tan equivocada cuando no sólo el Ministerio Público, sino la Audiencia Provincial de Valencia en cuatro ocasiones ha ratificado las medidas de prisión por entender que existe un evidente riesgo de fuga".
También señala que "no es cosa de esta instructora" que Zaplana estuviera en la enfermería de la cárcel o en el Hospital La Fe, donde fue operado y en el que se encuentra desde el pasado 18 de diciembre por un agravamiento de su estado de salud.
El lugar donde tuviera que estar el investigado "es competencia exclusiva de los médicos", afirma, "como supongo se decidirá sobre cualquier preso preventivo o penado".
Rodríguez subraya que "nunca se ha impedido ningún tipo de tratamiento o cuidado" a Zaplana.