Vox ha cedido. Investirá a Juan Manuel Moreno Bonilla tras haber borrado de sus exigencias toda mención al "género" o los "chiringuitos feministas", pero ha arrancado a los conservadores determinadas pautas que chocan frontalmente con el ideario de los naranjas. En concreto, el endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal y la derogación de la ley de Memoria Histórica. Independientemente de lo que pretenda el PP una vez esté al frente de la Junta de Andalucía, los de Rivera advierten: "Eso no es un acuerdo de Gobierno. No tendrán nuestros votos para nada que afecte a nuestro pacto, que es bilateral".

La estrategia de Ciudadanos es "clara". Según las fuentes consultadas por este periódico, la formación liberal tumbará todo aquello que entre en contradicción con las noventa medidas ideadas junto a los populares. Por ejemplo: si Moreno Bonilla llevase al Parlamento una derogación de la ley de la Memoria que guste a Vox, pero no a Cs, la tumbarán. "El PP sabrá lo que ha firmado, pero si no cumple con su palabra, romperemos el acuerdo", concibe un portavoz autorizado de Ciudadanos.

El único punto de carácter vinculante e inmediato es la "creación de una consejería de Familia"; un extremo que el PP deberá negociar con Juan Marín, que podría bautizar con nombre compuesto una cartera para evitar la concesión a Vox, por ejemplo: "Políticas sociales, Familia e Igualdad". Aunque Javier Ortega ha exteriorizado como victoria "la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales", el escrito se limita a hablar de "cumplir con la legislación vigente" y "apoyar a las fuerzas de seguridad" que protegen las fronteras.

De ahí que los de Rivera crean papel mojado el pacto entre PP y Vox. Ni les vincula ni tiene carácter efectivo -la mayoría de los puntos hablan de impulsar o promover-. En cualquier caso, Ciudadanos contempla con cierto sosiego el documento redactado por Casado y Abascal: no hay ni rastro del giro en las políticas de género que pretendía la organización en el extremo derecho del tablero.

Además, el grueso de lo suscrito por PP y Vox va en la línea del programa de Ciudadanos: unidad de España, bajada masiva de impuestos, adelgazamiento de la Administración pública... Incluso se incluye la creación de una tarjeta sanitaria única para todas las Comunidades autónomas, reivindicación clásica de Rivera en el Congreso de los Diputados.

Desde un primer momento, Ciudadanos delegó en el PP la tarea de "domar" a Vox y conseguir los doce escaños necesarios para la investidura. Rivera no quiere fotografías, reuniones ni complicidades con el partido de Abascal, al que considera "nacionalista" y "populistas"; dos corrientes contra las que los liberales dicen luchar. En el transcurso de las negociaciones, tanto Manuel Valls -el candidato que apoya Rivera en Barcelona- como el Gobierno de Macron -con quien Ciudadanos confluye a nivel europeo- advirtieron: "No hay que acordar con Vox, hay que derrotarlo".

Rivera no ha llegado a hablar de "cordón sanitario" frente a Abascal y ha reconocido que, en cuanto empiece la legislatura, tendrá que conversar con todas las formaciones de la Cámara. Aunque minutos después de la foto PP-Vox, Ciudadanos ha zanjado: "Eso no tiene nada que ver con nuestro acuerdo y tampoco afectará".

El PSOE ya ha puesto a los naranjas en su punto de mira. Por medio de su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, acusa: "Cs acaba de pasar a la historia como el partido que blanquea y pacta con la ultraderecha filofranquista. Ya no engañáis a nadie".

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