La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha encargado a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso que estudie la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución de 1978 para excluir el término "disminuido". El texto indica que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".
Así lo ha asegurado el diputado de PDeCAT y presidente de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, Jordi Xuclà, antes de la comparecencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, en este órgano de la Cámara baja.
"Hemos compartido la misma visión sobre la conveniencia de afrontar una modificación del artículo 49 de la Constitución porque el redactado actual en su referencia a personas disminuidas, y también, por ejemplo en la referencia a políticas de rehabilitación de personas disminuidas es absolutamente inapropiada", ha afirmado.
Según ha indicado Jordi Xuclà, la vicepresidenta del Gobierno cree adecuado que sea esta comisión la que lleve a término esta propuesta. Además, considera que esta modificación de la Carta Magna debe hacerse "de forma absolutamente separada de otro debate de reforma constitucional" y debe "convocar al consenso, a la unidad y al trabajo compartido".
Cobertura y respaldo más digno
Jordi Xuclà ha apuntado que Carmen Calvo se ha reunido esta mañana durante 45 minutos con los portavoces de la comisión que preside. Para la vicepresidenta esta encuentro ha sido "muy fructífero" ya que todos los presentes se han mostrado "dispuestos, concernidos y unánimes a hacer una nueva redacción" del artículo 49 para "dar más y digna cobertura y respaldo" a las personas con discapacidad.
El Gobierno ya encargó en julio a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje más "inclusivo".
Asimismo, Carmen Calvo ha defendido la reforma lingüística alegando que las políticas de "igualdad de oportunidades, de respeto y de dignidad de las personas con discapacidad" en España "tengan un respaldo y nomenclatura correcta en la Constitución". También que "es la respuesta que podemos dar 40 años después a las personas con discapacidad, mucho más respetuosa y digna de su condición como ciudadanos de España".