La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado la creación de una Comisión de trabajo que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española para responder a los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico y se compromete a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia".
La Iglesia católica española elaborará una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores y revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.
La nueva comisión estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, y comenzará sus trabajos esta misma semana. Menéndez Fernández fue muy cuestionado por su actuación en los casos de abusos de La Bañeza y Puebla de Sanabria.
Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la vicesecretaría para Asuntos Generales.
La nueva normativa sustituirá a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.
Nuevos protocolos
Posteriormente, la comisión redactará la nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.
La Iglesia española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que sirve a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas para saber cómo actuar en caso de agresiones o abusos sexuales a menores.
La CEE ha subrayado que la Iglesia católica tiene el compromiso de "cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, proteger a todos menores y adultos vulnerables, crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".
Para ello, se compromete a seleccionar y formar "cuidadosamente" a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso".
También a ofrecer asistencia y apoyo pastoral, "incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable".