Segunda comparecencia en el Congreso de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en apenas tres meses. Ambas a petición propia. Cargada de folios y a falta de un caramelo que luego ha tenido que pedir para aclarar la voz, ha reconocido un aumento exponencial de la inmigración irregular, pero lo ha deslindado de la acogida del buque Aquarius.
La dirigente socialista ha calificado el desafío en la valla y los mares como “cuestión de Estado con mayúsculas”. Así ha resumido la política de su Gobierno en este ámbito: “Queremos una inmigración ordenada, integradora y comunitaria”. Valerio ha remarcado que su Ejecutivo no contempla “un país de papeles para todos” porque “no sería viable”. También ha reconocido, cristalina, la gravedad del problema: “Nos jugamos el tipo”.
El Partido Popular ha vuelto a afearle haber abrazado el Aquarius. Por medio de uno de sus diputados en esta comisión, Carlos Rojas, la formación conservadora ha atizado a Moncloa por haberse hecho la foto en el puerto de Valencia y luego haber cambiado de opinión tras los sucesos de Ceuta y Melilla –Sánchez decidió devolver a Marruecos a los 116 inmigrantes que cruzaron a España de manera ilegal–: “Vuestra rectificación pone de manifiesto que actuasteis mal, ahora acogéis nuestras políticas”.
Valerio ha explicado el aumento exponencial de la inmigración irregular con “el cierre de otras rutas en el Mediterráneo”. La ministra de Trabajo ha aportado las siguientes cifras: desde enero hasta el 24 de agosto de este año, se han atendido 19.535 inmigrantes –sumando lo sucedido en las costas y las ciudades autónomas– frente a los 10.975 de 2017 durante este mismo periodo. “Las cifras están ahí –ha reflexionado Valerio–, pero constituyen una cantidad irrelevante en relación a los extranjeros que viven en nuestro país legalmente”. La ministra ha recalcado que uno de cada diez habitantes en España es extranjero. La “insolidaridad de unos y la solidaridad de otros” es la dicotomía, ha relatado Valerio, que genera situaciones como la del Aquarius.
La ministra de Trabajo, sin descalificativos, ha criticado las políticas migratorias del Gobierno anterior. Para muestra, un botón: “Ustedes redujeron la ayuda española en África un 90%. Ahí lo dejo. Son datos de la OCDE”. Valerio ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no cumplir la ley: “La normativa obliga a celebrar dos veces al año una conferencia sectorial con las Comunidades autónomas. La última que ustedes convocaron data de 2015. La inmigración no fue su prioridad política. No adoptaron medidas de carácter preventivo ni excepcionales”.
Más allá del Aquarius –“decisión empática, responsable y solidaria en aras a cumplir nuestras obligaciones internacionales” –, Valerio ha desgranado las medidas tomadas por su ministerio en materia de inmigración. Ha mencionado una inversión de treinta millones de euros para reforzar la atención a pie de playa y la creación de 1.500 plazas de acogida –han pasado de las 2.800 a las 5.300–. El Gobierno de Sánchez también ha creado un mando único para coordinar las actuaciones de rescate en el Estrecho.
En el turno de interpelaciones, el Partido Popular ha vuelto a acusar al PSOE de haber convertido el buque Aquarius en un “reality”. Además, el diputado popular Carlos Rojas ha citado el anuncio de retirar las concertinas como otro “efecto llamada”.
En respuesta, Valerio ha comentado el sufrimiento percibido en sus visitas a las ciudades fronterizas y ha insistido en el “carácter de urgencia” del Aquarius. A bordo del buque viajaban decenas de personas que requerían una atención médica inmediata. “Si nuestra visión se basara sólo en la seguridad, sobraría la competencia de migración en este ministerio”, ha zanjado Valerio.