Un grupo de profesores, catedráticos e intelectuales ha publicado un manifiesto de apoyo a los estudiantes constitucionalistas de Societat Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona que tuvieron que acudir a los tribunales para ver garantizados sus derechos. Un juzgado de Barcelona acaba de darles la razón: al expulsarles del directorio universitario, el centro vulneró sus derechos fundamentales de no discriminación por razón de opinión y de libertad ideológica.

El manifiesto, que reúne más de 80 firmas, entre las que figuran las de Fernando Savater, Camilo José Cela Conde, Andrés Trapiello, Araceli Mangas, Francisco Sosa Wagner, Félix Ovejero, Rafael Arenas, Isabel Fernández Alonso o David Jiménez Torres aplaude el coraje de unos alumnos "que no se han plegado ante la espiral de silencio que planea sobre los campus universitarios de Cataluña".

Pero el escrito denuncia, sobre todo, la actitud del equipo de gobierno de la Autónoma, que se desentendió de estos alumnos y nunca condenó "los insultos y vejaciones que han padecido de manera constante por parte de colectivos separatistas radicales". En concreto, los estudiantes de Societat Civil han visto cómo les han destrozado sus carpas, les han agredido verbalmente e incluso se han recogido firmas para expulsarlos del campus, y todo, por motivos ideológicos.

Ataque a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana.

Los firmantes del manifiesto también muestran su "honda preocupación" por la estrategia recurrente de presentar a las víctimas como provocadores, "acusándoles de judicializar conflictos por acudir a los Tribunales a pedir amparo jurisdiccional, como si defenderse fuera el problema y agredir al que piensa diferente el comportamiento correcto".

El texto, firmado por varios profesores de la Autónoma de Barcelona, pone de manifiesto el malestar que sienten por la pasividad e incluso complicidad que con los colectivos independentistas ha tenido el equipo dirigente del centro. En concreto, la Universidad se negó a inscribir a Joves de Societat Civil Catalana-UAB en el directorio alegando que sus críticas dañan la imagen de la Universidad, "cuando quien realmente la deteriora son los encapuchados que, con total impunidad, destrozan el mobiliario del Campus, golpean cristaleras con palos o embadurnan las paredes con pintadas absolutamente sectarias".

El manifiesto concluye haciendo dos peticiones al equipo de gobierno de la Autónoma y su rectora: que reconozcan su error y amparen a los estudiantes constitucionalistas para que  puedan desarrollar sus actividades y manifestarse con total libertad en el Campus de Bellaterra; y que respeten la libertad ideológica de todos los miembros de la comunidad universitaria, "evitando el alineamiento sistemático de la institución con posiciones políticas de sesgo pro nacionalista" y fomentando un debate sosegado de ideas "en aras de la convivencia".

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