Los grupos del Parlament han aparcado la polarización que vive la cámara catalana y se han puesto de acuerdo este miércoles para cesar a Daniel de Alfonso, hasta ahora director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Todas las formaciones menos el PP han votado a favor de revocar el cargo a De Alfonso después de que se hicieran públicas unas conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que ambos conspiraban para montar casos contra políticos independentistas.
La revocación del cargo ha sido aprobada por 120 votos a favor y 11 en contra y ha estado precedida por un debate en el que el PP se ha quedado solo defendiendo a De Alfonso. Todos los grupos han coincidido en destacar que existen causas suficientes para revocar el nombramiento y le han reprochado la mala imagen que ha dejado de la Oficina Antifraude.
"La Oficina Antifraude queda en entredicho pues parece que rinda sumisión al ministro del Interior", ha asegurado Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. "De Alfonso no perseguía a unos políticos por ser corruptos sino para ayudar a los propósitos del ministro". En un debate en que no estaba el ya exdirector de la OAC, los partidos constitucionalistas también le han acusado de dar alas al independentismo con su manera de actuar.
"¿Debemos considerar independiente a un director que le dice a un ministro que está a sus órdenes?", se ha preguntado Ferran Pedret, del PSC. "Esto no entra dentro de la normalidad". Lluis Rabell, de CSP, ha calificado el caso de "escándalo político de dimensiones mayúsculas" y ha recordado que en "cualquier país democrático" la revelación de las escuchas hubiera supuesto alguna dimisión.
La CUP ha emplazado a elegir rápido a un sustituto para De Alfonso y ha llamado a "dignificar" la OAC destinando más recursos y "haciéndola más fuerte" para evitar que se repitan casos similares. El diputado Benet Salellas también ha solicitado medidas para que De Alfonso no pueda volver a su puesto de juez en la Audiencia de Barcelona. "Lo peor que nos podría pasar sería ver la cloaca del Estado paseando por los pasillos de los juzgados de Barcelona. Esto sí que sería un fraude", ha espetado.
Por parte de JxS, la mayoría de la intervención se ha dirigido a justificar la legalidad del cese de De Alfonso, algo que el exdirector de la OAC puso en entredicho cuando intervino el pasado jueves en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. "Queda absolutamente acreditado que la actuación de De Alfonso ha sido irregular, negligente y ilegal", ha sostenido la portavoz Marta Rovira.
Los reproches, sin embargo, no sólo se han dirigido a De Alfonso. Muchos grupos han criticado la actividad del ministro del Interior en funciones, especialmente desde CSP. Rabell ha tildado los movimientos de Fernández Díaz de "comportamiento predemocrático, propio de un heredero de la cultura franquista" y ha anunciado que su grupo ha puesto en manos de la Fiscalía para que investigue si la actuación de De Alfonso fue constitutiva de algún delito. "El problema no es de la OAC", ha añadido Rovira (JxS), "sino de un Gobierno y un Ministerio que la usan la oficina contra la corrupción para generar corrupción".
El PP, por su parte, se ha limitado a recordar que el único "hecho delictivo" fueron las "grabaciones ilegales" al ministro del Interior.