Marcos Ortuño y Lucas Jiménez compareciendo en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban
Gobierno de Murcia y regantes unen fuerzas para defender el Trasvase Tajo-Segura de la "cábala política y electoral"
El PP impulsa dos plenos en la Asamblea Regional para cerrar un pacto con PSOE, Podemos y Vox, para defender los intereses del sector agrícola.
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Los regantes están con las espadas en alto. El Gobierno de España ha elevado el caudal ecológico del río Tajo a la altura de Aranjuez de 7 a 8 metros cúbicos por segundo, lo que según cálculos del PP y de los regantes del Scrats, supone un recorte de 70 hectómetros cúbicos anuales para la cuenca del Segura.
Esta medida, efectiva desde el 1 de enero de 2026, ha provocado que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reúna este viernes con el líder del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, debido a que el sector agrícola depende en gran medida de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura para regar las explotaciones.
"No hay urgencia climática ni necesidades reales del Tajo; hay cábala política y cálculo electoral", según ha criticado el presidente del Scrats, en una rueda de prensa, celebrada tras la reunión con López Miras a la que también ha asistido el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.
El líder de los regantes ha recordado promesas no cumplidas de la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como modernizar regadíos del Alto Tajo y depurar aguas contaminantes, asumiendo que el problema del Tajo es contaminación, no falta de agua.
La subida del caudal ecológico forma parte del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, que establece un aumento progresivo para preservar el río, pero no gusta al Gobierno de Murcia ni al Scrats porque argumentan que carece de base sólida y no ha sido evaluada por la Comisión de Seguimiento obligatoria.
Unos y otros advierten de que el trasvase está "herido de muerte" y ponen cifras sobre la mesa: los 70 hectómetros cúbicos perdidos superan las reservas actuales de la Cuenca del Segura, y el agua desalada cuesta 1,47 euros por metro cúbico, frente a los 0,04 euros del metro cúbico trasvasado.
El presidente del Scrtas, Lucas Jiménez, este viernes, junto al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa de este viernes en San Esteban.
La Cuenca del Segura almacena actualmente 68 hectómetros cúbicos, y la hoja de ruta del Gobierno central con el trasvase genera incertidumbre. Por su parte, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, considera que la subida del caudal ecológico que se ha aplicado es una medida "arbitraria" y "sin coherencia técnica ni ambiental".
También criticó la "falta de transparencia" del Gobierno de España, sobre los consumos en la cabecera del Tajo y exige que se impulse un Plan Hidrológico Nacional que integre todas las cuencas: "sin sectarismo ideológico".
Tanto el portavoz del Gobierno regional como el presidente de Scrats insisten en la necesidad de un "compromiso conjunto" del ámbito político e institucional para trabajar con los regantes de Murcia.
Plenos extraordinarios
De momento, el PP ha impulsado en la Asamblea Regional dos plenos extraordinarios en enero para llegar a un acuerdo común con PSOE, Podemos y Vox para la defensa del trasvase y el sector agrícola.
El portavoz popular Joaquín Segado anunció que estos debates buscarán una "alianza de todos los partidos" contra decisiones que "afectan gravemente al regadío del Levante".
El calendario incluye sesiones sobre la revisión del Plan Hidrológico del Tajo y la suspensión de caudales ecológicos, en un periodo marcado por expectación ante sentencias del Supremo previstas para febrero.
Esta iniciativa pide compatibilizar la protección ambiental del Tajo con el trasvase como infraestructura estratégica. Murcia ve en estos plenos una oportunidad para elevar la voz ante Madrid, donde percibe agravios comparativos en otros tramos del Tajo con criterios menos restrictivos.
El trasvase Tajo-Segura es vital para Murcia, que exporta frutas y hortalizas por valor de miles de millones, sosteniendo 100.000 empleos directos. Pero la alternativa de las desaladoras no convence por su alto coste.
