Fiscalía pide 15 años de cárcel para el vicealcalde de Rita Barberá y 4 para sus ediles por blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 15 años de cárcel para el exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau; 7 para la secretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster; y 4 para los concejales y asesores del partido en la pieza del pitufeo del caso Taula por un presunto delito de blanqueo de capitales. Así lo comunicó este lunes el propio Ministerio Público en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Además, solicita 5 años de prisión para el exconcejal y responsable de Centro de Estrategias y Desarrollo, Eduardo Santón, y para el exresponsable de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas. A su vez, Fiscalía pide, por el delito de blanqueo de capitales, una multa de 4 años para el Partido Popular con una cuota de 100 euros diarios, lo que supone un total de 146.000 euros.

El juez del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia investiga una supuesta trama de corrupción en la que habrían participado varias administraciones y que consistiría en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. En concreto, la pieza del pitufeo analiza la posible contribución al blanqueo de capitales por parte de nueve de los diez ediles del PP de la legislatura 2015-2019. También procedente de asesores y de concejales de del grupo municipal de etapas anteriores.

Su función habría consistido en aportar mil euros cada uno para contribuir a la campaña electoral de las elecciones de 2015. La supuesta trama se los habría devuelto después en dos billetes de quinientos euros. El ex vicealcalde Alfonso Grau habría ejercido de recaudador, según los investigadores.

El reciente auto del magistrado Víctor Gómez Saval acordó procesar a las mencionadas 49 personas y al PP, y reabrir las actuaciones contra el exconcejal Miquel Domínguez que en su día se asignaron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su condición de aforado.

Fiscalía Anticorrupción acusa de blanqueo a 18 ediles: Ana María Albert, Vicente Aleixandre, Mayrén Beneyto, Lourdes Bernal, Félix Crespo, Cristóbal Grau, Vicente Igual, Juan Vicente Jurado, Francisco Lledó, Alberto Mendoza, Alfonso Novo, María Jesús Puchalt, Maria Àngels Ramón-Llin, Ramón Isidro Sanchis, Juan Eduardo Santón, Silvestre Senent, Beatriz Simón y Miquel Domínguez. El resto son asesores.

"Operativa criminal"

Según señala el fiscal en su escrito, las investigaciones han permitido desentrañar una "operativa criminal" de entregas de dinero por empresarios con "fuerte vinculación contractual" con el Ayuntamiento de Valencia, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno del consistorio y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados "en consideración" a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al grupo municipal del PP.

Este dinero se gestionaba en parte en efectivo y en otra a través de una cuenta abierta en el Sabadell, gestionada por García Fuster, que permanecía "oculta" a cualquier control financiero, bien del Partido Popular, que sí que conocía de su existencia, bien de la Intervención Municipal, lo que permitía al PP presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 sufragando gastos electorales "al margen de la debida contabilidad que debía entregarse al Tribunal de Cuentas" y de la Ley de Financiación de partidos.

En 2007, según consta en el escrito, el PP utilizó los servicios de la sociedad Laterne Product Council SL. Grau se sirvió de tres organismos públicos creados al amparo del Ayuntamiento para obtener el dinero: Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD); Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y el Conocimiento (FIVEC) y Fundación Turismo Convention Bureau (FTVCB). Las dos primeras, controladas por el que fuera edil Eduardo Santón, celebran "a su capricho" contratos con el entramado de Laterne, que se confeccionaban "con el único objetivo de saquear los fondos públicos".

En cuanto a la FTVCB, "se nutría y funcionaba por las millonarias aportaciones" del consistorio (más de 63 millones entre 1992 y 2013), "sin control efectivo de la Intervención municipal". Grau, "con la anuencia, consentimiento y acuerdo" de Salinas, desviaron de las cuentas, mediante transferencias, la cantidad de 616.000 euros a tres cuentas bancarias de Laterne "sin justificación documental de trabajo realizado" y sin contrato alguno que justifique ese desvío.

En 2007, las empresas contratistas fueron transfiriendo a las cuentas de Laterne o de empresas controladas por esta mercantil "el metálico que Alfonso Grau les solicitaba y que entregaban en consideración a la función pública y cargo que desempeñaba". El dinero se canalizaba, de un lado, a través de facturación falsa, haciendo creer que se había realizado una prestación de servicios y por otro lado bajo el pretexto de constituir una sociedad mercantil Product Management Council SL (PMC), que jamás realizó actividad alguna ni contó con trabajadores ni le fueron exigidos por los empresarios aportantes justificación del destino del dinero.

Fiscalía subraya que los concejales acusados -y el investigado fallecido Emilio del Toro- impidieron una investigación sobre Laterne en el consistorio "sabiendo que la misma perjudicaba sus propios intereses particulares y del Partido al que representaban". En 2011, Alfonso Grau, designado nuevamente coordinador de campaña del PP en Valencia, al haber desaparecido Laterne, contrató a la empresa Trasgos Comunicación SL (Trasgos) para que realizara la campaña por 170.000 euros, aunque el gasto final superó "ampliamente dicha cifra". La mercantil confeccionó dos facturas por todos los servicios prestados por importe de 59.000 y 92.100 euros.

"Procedencia ilícita"

Para el abono de dicha cantidad, la cuenta bancaria recibió "cantidades dinerarias de procedencia ilícita, correspondientes al clientelismo político instaurado en el Ayuntamiento de Valencia, que dada su mayoría absoluta permitía exigir dinero a cambio de favores en la contratación", según la acusación pública. Según Fiscalía, "existe una importante cantidad de dinero abonada por Trasgos a distintos proveedores de la campaña electoral que excede de la cantidad pagada con los fondos opacos de la cuenta del Banco de Sabadell". En total, se ha acreditado un importe gastado para de 277.129,29 euros.

En las de 2015, -con Grau fuera del Ayuntamiento por su investigación en el caso Nóos-, se denunció una nueva operativa consistente en que, "bajo la apariencia" de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, los concejales y asesores municipales, incluyendo la propia Barberá, ingresaron ese importe en la cuenta por indicación de García Fuster que, "conforme al plan establecido", les eran devueltos en dos billetes de 500.

En total, un total de 50 personas ingresaron 49.998 euros entre los días 23 de marzo y 16 de abril de 2015. Los acusados realizaban las entregas de dinero "sabedores que se les devolvería con el metálico que disponía el Partido Popular y procedía de la actividad delictiva que se desplegaba en el seno del grupo municipal del PP del Ayuntamiento".

Según el fiscal, el grupo, a nivel económico, "ha funcionado intencionadamente al margen de las estructuras financieras del Partido Popular, que carece de un sistema de control efectivo para impedir tanto el manejo de dinero metálico por el GMPP, como de la existencias de cuentas bancarias abiertas donde se reciben ingresos de procedencia ilícita como consecuencia de las adjudicaciones contractuales".

El Caso Taula, y en particular la llamada pieza del pitufeo, le ha estallado al renovado PP valenciano. El nuevo presidente del partido, Carlos Mazón, y en particular la nueva lideresa en la ciudad, María José Catalá, serán quienes sufran el posible impacto electoral del presunto blanqueo de capitales de 2015.

El auto de procedimiento abreviado vio la luz nada más y nada menos que seis años después de que comenzara la investigación. La resolución puso fin a la instrucción y supone paso previo a la apertura de juicio oral, circunstancia que genera para el PP un campo de minas judicial de cara a los comicios de 2023.