Valencia

El Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo valenciano- ha dado la razón al Partido Popular en su denuncia contra el Ayuntamiento de Valencia que lidera Joan Ribó (Compromís). El organismo considera que el equipo de gobierno está vulnerando el "derecho fundamental" de la oposición al restringir el número de preguntas que puede realizar en el pleno municipal. "Ni la legislación, estatal o autonómica, ni el Reglamento Orgánico del Pleno, contienen ninguna limitación al derecho de los concejales a formular preguntas", afea al consistorio.

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Los ediles populares llevan meses topándose con una peculiar respuesta a sus preguntas. "Señora María José Catalá: según nos consta, usted ha registrado un total de 5 iniciativas en forma de pregunta para el mes de abril", advierte de forma robótica el Ejecutivo local.

"Dado que con el registro de las 5 iniciativas a su nombre formula un total de 20 preguntas formuladas, le rogamos que, en el supuesto de que continúe siendo de su interés, formule nuevamente en sesiones sucesivas las preguntas no atendidas en esta sesión", resuelve el consistorio con un copia-pega remitido a todos los concejales que, a su juicio, se exceden al preguntar.

El Ayuntamiento de Valencia fundamenta esta restricción en "el acuerdo de Junta de Portavoces celebrada en julio de 2019". "En virtud de lo establecido en el artículo 131.2 del Reglamento Orgánico y del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, fijó el límite de 5 preguntas por concejal o concejala y 5 adicionales por grupo", subraya la institución.

En efecto, el Gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE aprobó esta polémica restricción hace ahora dos años en dicha junta. Sin embargo, no había esquivado hasta ahora las preguntas de la oposición de forma tan taxativa, según subraya el PP. Por ello, la formación presentó una queja al respecto ante el Síndic de Greuges, el histórico socialista Ángel Luna, quien se ha pronunciado a su favor.

Control y transparencia

En concreto, el defensor insta al gobierno local a que, "teniendo en cuenta los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito municipal, se aplique la regulación de las preguntas prevista en el Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos". Todo ello "con la finalidad de potenciar estos procedimientos de control y transparencia y mejorar su funcionamiento práctico para evitar las disfuncionalidades detectadas".

La resolución del Síndic, a la que ha tenido acceso este periódico, argumenta que la decisión de la Junta de Portavoces de fijar en 5 las preguntas por concejal "no puede tener efectos generales para todas las sesiones plenarias, como si se tratara de un reglamento, porque no lo es".

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo, se mostró este lunes satisfecha de la resolución y solicitó al alcalde que la tenga en cuenta. "Avala nuestra posición y desautoriza el intento de Ribó de amordazar y maniatar a la oposición, como hemos venido denunciando, para mermar y acallar nuestro trabajo, porque además le recuerda explícitamente que el acceso a la información y participación de los representantes públicos es un derecho fundamental protegido por la Constitución", subrayó la edil popular.

El Ejecutivo, preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, argumentó el pasado mes de junio que su medida "está estipulada en el Reglamento Orgánico del Pleno". Defendió que persigue "no entorpecer el trabajo de los funcionarios", evitar que "tengan que pasar todo su tiempo de trabajo buscando la información necesaria para las respuestas de un exceso de preguntas". "En el pleno del mes de mayo se presentaron un total de 366 preguntas, y en el mes de abril llegaron a ser 531", precisaron fuentes del Gobierno local.

Pero el Síndic replica con contundencia a este argumento. "Es necesario demostrar dicho entorpecimiento con informes detallados y concluyentes, ya que nos encontramos ante la limitación del ejercicio de un derecho fundamental por parte de los concejales y cualquier limitación del mismo deber ser interpretada de forma restrictiva", afirma.

"Cuestión o cuestiones"

El PP, en la misma línea, les acusa de una interpretación restrictiva para limitar las preguntas. "El reglamento dice realmente que en cada pregunta se puede plantear una 'cuestión o cuestiones', lo que significa que la pregunta puede contener varios interrogantes relacionados con el asunto", precisó la concejal Ferrer San Segundo.

"Lo que está haciendo el Ayuntamiento de Ribó es contar cada interrogante como si fuera una pregunta independiente para que le salgan muchas. Por eso hablan de cifras tan elevadas", replica la edil popular. "Es muy absurdo porque, en función de este criterio, podríamos seguir planteando el mismo número de cuestiones en cada pregunta, pero concentrándolas en una gran oración subordinada de un solo interrogante", agrega Ferrer San Segundo.