Los concejales valencianos del PP se topan recientemente con una peculiar respuesta ante sus preguntas planteadas en el pleno al Ayuntamiento de Joan Ribó. "Señora María José Catalá: según nos consta, usted ha registrado un total de 5 iniciativas en forma de pregunta para el mes de abril", advierte un robótico Ejecutivo local.
"Dado que con el registro de las 5 iniciativas a su nombre formula un total de 20 preguntas formuladas, le rogamos que, en el supuesto de que continúe siendo de su interés, formule nuevamente en sesiones sucesivas las preguntas no atendidas en esta sesión", resuelve el consistorio con un copia-pega remitido a todos los concejales que, a su juicio, se exceden al preguntar.
Fundamenta esta restricción en "el acuerdo de Junta de Portavoces celebrada en julio de 2019". "En virtud de lo establecido en el artículo 131.2 del Reglamento Orgánico y del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, fijó el límite de 5 preguntas por concejal o concejala y 5 adicionales por grupo", subraya la institución.
En efecto, el Gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE aprobó esta polémica restricción hace ahora dos años en dicha junta. Sin embargo, no había esquivado hasta ahora las preguntas de la oposición de forma tan taxativa, según subraya el PP. La formación ha presentado una queja al respecto ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano).
El Ejecutivo, preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, insiste en que su medida "está estipulada en el Reglamento Orgánico del Pleno". Defiende que persigue "no entorpecer el trabajo de los funcionarios", evitar que "tengan que pasar todo su tiempo de trabajo buscando la información necesaria para las respuestas de un exceso de preguntas". "En el pleno del mes de mayo se presentaron un total de 366 preguntas, y en el mes de abril llegaron a ser 531", defienden fuentes del Gobierno local.
"Cuestión o cuestiones"
Pero el PP les acusa de una interpretación restrictiva para limitar las preguntas de la oposición. "El reglamento dice realmente que en cada pregunta se puede plantear una 'cuestión o cuestiones', lo que significa que la pregunta puede contener varios interrogantes relacionados con el asunto", precisa la concejal del PP María José Ferrer San Segundo.
"Por contra, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Ribó es contar cada interrogante como si fuera una pregunta independiente para que le salgan muchas. Por eso hablan de cifras tan elevadas", replica la edil popular. "Es muy absurdo porque, en función de este criterio, podríamos seguir planteando el mismo número de cuestiones en cada pregunta, pero concentrándolas en una gran oración subordinada de un solo interrogante", agrega la edil.
Este debate técnico es el que el PP ha trasladado al Síndic de Greuges, que ha admitido la queja presentada por los populares y ha ofrecido a ambas partes que expongan sus argumentos antes de emitir su veredicto. La formación de María José Catalá defiende además que la Junta de Portavoces no es el organismo adecuado para introducir una restricción a la actividad de la oposición.
En cualquier caso, Ferrer San Segundo lamenta encontrarse con una limitación de este tipo "por parte de un gobierno que se pasa el día hablando de participación y transparencia". "Con los hechos demuestra lo contrario: obstrucción y opacidad ante nuestro derecho a fiscalizar su gestión", concluye.