Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia; y Joan Ribó, alcalde de la ciudad. EE
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, es el que más ignora las recomendaciones de la Agencia Antifraude
El ayuntamiento del dirigente de Compromís y la socialista Sandra Gómez, junto con su fundación Valencia Activa, copa 4 de los 25 "incumplimientos".
29 marzo, 2023 02:44El Ayuntamiento de Valencia que lideran el alcalde Joan Ribó (Compromís) y la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV-PSOE) tiene el dudoso honor de liderar las reclamaciones desatendidas de la Agencia Valenciana Antifraude.
Así lo pone negro sobre blanco el organismo fiscalizador en su memoria anual de 2022, presentada este viernes. El documento incluye este año por primera vez un listado con los casos en los que las administraciones han ignorado sus resoluciones.
Del total de los 25 expedientes en los que el organismo investigado incumple las reclamaciones de Antifraude, 4 son de Valencia. 3 de ellos corresponden a concejalías y el restante, a la Fundación Valencia Activa.
A su vez, con tres incumplimientos se encuentran cuatro administraciones: la Generalitat Valenciana, la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra y los ayuntamientos de Benidorm y Tous.
Con dos se sitúa el Ayuntamiento de Torrevieja. Y con una, los consistorios de Alcoi, Gavarda y San Antonio de Benagéber, la Diputación de Alicante, la empresa pública de Paterna Gespa, el Patronato de Turismo Costa Blanca y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).
Por lo que respecta a los casos del Ayuntamiento de Valencia, el primer expediente en el que la administración ignora a Antifraude tiene que ver con el sobrecoste de 614.000 euros por el servicio de la grúa, al prestarse sin contrato desde el ejercicio 2017.
Para la agencia, no debió abonarse ese importe. Pidió a la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por Aarón Cano (PSPV-PSOE), que revisara estos pagos. Pero este rehusó a hacerlo al entender que sí era legal el pago de la cantidad.
Festival de incumplimientos
La segunda resolución ignorada tiene que ver con el festival Bonica Fest de 2019, dependiente de la concejalía de Comercio de Carlos Galiana (Compromís). Antifraude, entre otras cosas, considera que el contrato no se cumplió en su totalidad y que no se pudo acreditar el gasto de parte del material. También que se incumplieron cláusulas como el trabajo de personas con discapacidad con argumentos peregrinos como el mal tiempo.
El Ayuntamiento de Valencia, según Antifraude, también ha obviado su investigación sobre el servicio del Bus Turístic, que la concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi (Compromís) durante los ocho años que lleva en el cargo. Lo adjudica a dedo desde entonces a un empresario condenado por pagar un soborno, tal y como informó EL ESPAÑOL.
Por lo que respecta a la Fundación Valencia Activa, presidida por la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, Antifraude afeó dos nombramientos de directivos de los años 2017 y 2018.
Se trata de la subdirectora Mar Marín y el subdirector de Emprendimiento Javier Mateo, que ahora es el concejal de Deporte. Consideró que fueron escogidos sin sostén jurídico y sin atender a criterios de "mérito, igualdad, capacidad, publicidad y concurrencia". Pero la entidad sí los considera correctos y desoyó las recomendaciones de Antifraude.
Respuestas "fuera de lugar"
El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, compareció este martes en el parlamento autonómico para presentar su memoria. Y en su intervención afeó además dos respuestas "fuera de lugar" recibidas por parte del Ayuntamiento de Valencia. "Parecen propias de alguien que no conoce las leyes", llegó a decir.
Antifraude recibió en 2022 un total de 453 denuncias, 94 más que en 2021. De ellas, la mayoría fueron denuncias anónimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selección, "una de las peores corrupciones", según Llinares.
La Agencia ha instado a recuperar más de 5,6 millones de euros, una cantidad muy inferior a la de 2021, de 23 millones de euros, porque entonces el Ayuntamiento de Burriana debía recuperar 21 millones de los PAI de la crisis inmobiliaria, a juicio de Antifraude.
Entre los datos que ofreció el director, destaca que el 79% de las personas protegidas por la agencia como denunciantes lo son con respecto a las entidades de la administración local. El 65% de ellas son hombres y el 35%, mujeres.
Antifraude ha concedido, en total, 29 estatutos de protección a denunciantes anónimos: 13 en Alicante, nueve en Valencia, cuatro en el conjunto de la Comunidad Valenciana y tres en Castellón.
