Un abogado recusa al ponente del tribunal que juzgará a Zaplana porque le denunció por cohecho

El abogado Vicente Grima ha recusado al magistrado José Manuel Megía, designado ponente del tribunal que juzgará a Eduardo Zaplana por supuesta corrupción, por "enemistad y animadversión manifiestas" porque en 1996 le denunció por un delito de cohecho que finalmente se archivó. La recusación deja en el aire la composición del tribunal que juzgará al exministro del PP con José María Aznar.

Grima, uno de los abogados más influyentes de Valencia, acusó al magistrado Megía de intentar cobrar "un millón de pesetas por cada año rebajado" a un acusado que iba a ser juzgado en su sección. El Tribunal Superior de Valencia investigó tres años en secreto los indicios, pero el caso acabó en archivó en 1999 por falta de pruebas. De los dos investigados junto al magistrado Megía, uno murió en un accidente de tráfico y otro se fugó al extranjero.

El Colegio de Abogados de Valencia y Grima ejercieron la acusación. Ahora, 27 años después de la denuncia, Grima representa al empresario Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Policía Juan Cotino, y ha presentado un escrito en la Audiencia de Valencia en el que valora que el "apartamiento del magistrado aquí recusado es necesario para asegurar el derecho del acusado al juez imparcial". 

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El abogado relata años de desencuentros y denuncias cruzadas entre ambos, y puntualiza que "esa necesidad de apartamiento ha sido reconocida explícitamente y mantenida por el magistrado hoy recusado desde hace más de veinte años". Zaplana, que se enfrenta a 19 años de prisión por el Caso Erial, y el resto de acusados deberán de comunicar ahora a la Audiencia si apoyan o no la recusación.

Papel clave

El papel del magistrado Megía es clave en el juicio contra Zaplana. Es el magistrado encargado de redactar la sentencia y su presencia en el tribunal ha alimentado la polémica en las últimas semanas después de que el diario Levante-EMV informara de la denuncia que interpuso Grima contra Mejía.

En un juicio celebrado en 2006 en el que ambos coincidieron, Grima renunció a ejercer una defensa: "Este letrado ha acusado y seguirá acusando al señor Megía de haberle pedido dinero a través de personas interpuestas (...) No puede ser juez imparcial de personas defendidas por este letrado", denunció.

La publicación de esta información motivó que el propio Megía presentara la semana pasada un escrito a sus compañeros en el que renunciaba voluntariamente a ser el ponente del Caso Erial y proponía su abstención. "Podría llevar a que se entendiese que cualquiera que fuese mi decisión, sobre todo si es condenatoria, está tintada por esa enemistad, lo que no debe permitirse ni provocar sospecha, por lo que entiendo que me debo abstener", informó.

Pero la Audiencia de Valencia ha rechazado la petición al considerar que "no tiene cabida en la previsión que propugna, ni en ninguna de las restantes previstas legalmente en el precepto regulador de la Ley Orgánica del Poder Judicial", según consta en auto del pasado 24 de febrero.

El origen del conflicto se remonta al 9 de noviembre de 1996. Grima denunció en el juzgado "que una persona le había pedido dinero para reducir la eventual condena a un cliente suyo al que estaba defendiendo en un juicio ante la sección cuarta de esta audiencia provincial, presidido por el magistrado Megía Carmona".

El juicio por estos hechos estuvo a punto de celebrarse, pero finalmente se archivó antes de llegar a la vista oral. La muerte de uno de los acusados y la fuga al extranjero de otro empresario abocaron el caso al archivo.