Compromís obligará a sus candidatos a firmar a favor de la Ley Trans para acallar las críticas internas

Todas las personas que quieran formar parte de las listas de Compromís a las elecciones autonómicas y municipales de 2023 deberán apoyar por escrito los principios de la conocida como Ley Trans y la "autodeterminación de género" aunque no la compartan.

De este modo, las candidaturas tendrán que defender el desarrollo de los derechos de las personas que manifiesten "una identidad de género distinta a la asignada en el momento del nacimiento" o no podrán presentarse a las elecciones por Compromís.

La ejecutiva de la coalición, integrada por los nacionalistas e Iniciativa, el partido fundado por Mónica Oltra, adoptó este martes por la tarde la decisión después de la polémica generada tras el nombramiento de su candidata en Burjassot, un municipio de 37.000 habitantes pegado a Valencia.

La asamblea local eligió a la actual concejal Maria Viu como cabeza de cartel la semana pasada. Viu forma parte de una corriente feminista de Compromís, Figa -Feministas Inclusivas Género Abolicionista-, y ha sido acusada por numerosos cargos de ser "abiertamente tránsfoba" por su posicionamiento público contra la Ley Trans.

Los nacionalistas aseguran que las críticas son "incompatibles" con su ideario y han pedido la retirada de la candidatura. Guillem Montoro, el primer concejal transexual visible de España y miembro de Compromís, azuzó en redes sociales el debate interno para apartar a los candidatos críticos.

 Tras la polémica, la dirección amenazó la semana pasada con obligar a sus candidatos a asumir la teoría queer y ha formalizado su propuesta imponiendo un manifiesto que deberán firmar todos los candidatos sin excepciones.

La redacción final incluye otras referencias ideológicas, como la defensa del autogobierno o la promoción del valenciano, y no menciona específicamente la ley Trans para no agitar más a la coalición y recomponer las relaciones con el sector que rechaza públicamente la teoría queer.

Pero los puentes están totalmente rotos, según admiten fuente de Compromís consultadas por EL ESPAÑOL. El escrito se llama "documento de valores de Compromís" y recoge "el impulso de la igualdad plena de todas las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, y intersexuales y el reconocimiento de sus derechos".

Entre esos derechos el texto cita "la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad de género distinta a la asignada en el momento del nacimiento, siguiendo los principios de despatologización".

En este sentido, los candidatos deberán comprometerse a trabajar "por la inclusión socioeconómica de un colectivo tradicionalmente vulnerable y condenado a la exclusión, como es el de las mujeres trans"; y "la defensa de una sociedad diversa, respetuosa con los Derechos Humanos de todas las personas y donde no tengan cabida discursos ni expresiones de odio".

Documento que Compromís remitirá a todos sus candidatos y que la dirección aprobó el martes.

"Caza de brujas"

La batalla entre el feminismo y la Ley Trans ha dividido a la izquierda española. El debate interno también ha acabado sacudiendo a Compromís, una coalición que en 2017 impulsó desde Valencia una de las primeras leyes autonómicas que reconocía la autodeterminación de género. 

Así, el texto impuesto amenaza con romper la posición oficial de Compromís respecto a Ley Trans. Las feministas críticas, entre las que se encuentra la exdiputada en el Congreso Marta Sorlí, consideran que el documento responde a una "caza de brujas" que está "creado para señalar a las mujeres feministas" y las "arrincona".

"La elaboración de documentos ad hoc destinados a señalar a personas concretas, en este caso feministas, es impropia de un sistema democrático: una cacería de brujas", denuncia, y avisa de que supone "el principio de un camino peligroso de imposición jerárquica y establecimiento de pensamiento único", denunciaron en un comunicado.

La corriente crítica asegura que el manifiesto ha venido acompañado de un "acoso interno a todas las feministas radicales", algo que considera muy grave dentro de una coalición que "se autodenomina falsamente feminista".

A juicio del colectivo, esta tendencia se ha "radicalizado" en los últimos días "hasta llegar al punto de pretender eliminar a una candidata local elegida democráticamente, cuestionando un pilar básico de la coalición". "Evidencia una persecución a las voces discrepantes y es un atentado contra los colectivos municipales", insiste

Las feministas se preguntan ahora "cuál será el límite" y "hasta dónde querrán llegar con la purga". Además, consideran que fue un error aprobar la ley valenciana que impulsó Mónica Oltra desde la Consejería de Igualdad en 2017.

Tramitación de la ley

El proyecto estrella del Ministerio de Igualdad se ha convertido en un problema de difícil digestión para el Gobierno, que no consigue dar con la fórmula para complacer colectivos sociales y, a la vez, acallar las voces críticas que atruenan dentro y fuera de sus filas.

El Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es como se llama formalmente la norma, llegó a la Comisión de Igualdad a principios de noviembre.

Sin embargo, las cábalas del juego parlamentario y el interés de parte del PSOE por alargar la tramitación de un texto muy controvertido dentro del partido, están retrasando la tramitación.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), se comprometió a aprobar la norma antes de que finalice el año. Pero una parte importante del PSOE quiere que se dé cita a expertos para que se pronuncien en la materia, con el fin de que el texto definitivo salga con todas las garantías jurídicas necesarias para que no sea tumbado más adelante por el Tribunal Constitucional. 

El calendario que se fije definitivamente depende de la Mesa de la Comisión, con presencia mayoritaria del partido de Pedro Sánchez. Aunque en público los socialistas abogan por sacar adelante la norma cuanto antes, todo a punta a que se hará sin prisas, sobre todo después de confirmarse el efecto perverso de la ley del 'sí es sí' de Montero.