Valencia

Maite T. M., la joven que sufrió abusos sexuales por parte del educador Luis Eduardo Ramírez Icardi, reclama una indemnización por responsabilidad patrimonial de 240.000 euros a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, expareja del abusador. Además, solicita que la vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís declare en el juzgado como testigo.

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Así consta en la reclamación presentada por su abogado y líder del partido de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto, remitida a su vez este viernes a los medios de comunicación. "Entendemos que resulta procedente una indemnización a favor de mi representada de 240.000 euros, que corresponde al límite superior del grado mínimo de la sanción administrativa prevista", precisa el letrado.

Su escrito apela "al daño moral infligido a mi representada que sufrió una doble agresión". "Por parte del educador del centro contra su libertad sexual" y "por parte del personal de esa administración autonómica contra su integridad moral".

Maite era una menor tutelada por la Generalitat Valenciana en el momento en el que se produjeron los hechos, por los que Ramírez Icardi fue condenado a 5 años de cárcel. La sentencia concluyó que "una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella".

La defensa de la joven solicita la declaración ante el juzgado de todas las personas que, a su juicio, provocaron la situación de desamparo de la entonces menor tutelada por la administración. Y entre ellas, además de los funcionarios y policías que intervinieron en el caso, incluye a la propia Mónica Oltra.

La creen "al corriente"

"Es razonable pensar que, dado que el acusado de los abusos era entonces marido de la consellera Doña Mónica Oltra, esta fuera inmediatamente puesta al corriente de lo ocurrido. Es una inferencia lógica, casi ineluctable, y que explicaría la incomprensible actuación que se desarrolló a continuación de la verbalización por parte de la niña de los abusos sufridos", defiende el escrito presentado en nombre de Maite T. M.

Oltra, por contra, aseguró en una de sus declaraciones en las Cortes Valencianas que no conoció los hechos hasta pasados seis meses. En concreto, precisó que tuvo conocimiento el 4 de agosto de 2017, cuando llegó a su casa una notificación judicial a nombre de su exmarido -entonces ya estaban separados, pero no divorciados todavía, según explicó-.

José Luis Roberto argumenta que el procedimiento debe iniciarse "al margen de la investigación que la jurisdicción penal pueda realizar sobre la actuación de las personas implicadas". "De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 40/2015, no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial", defiende.

Por lo que Respecta a la propia Mónica Oltra, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó una querella presentada por la exdirigente de Vox Cristina Seguí, a través de su asociación 'Gobierna-te', contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

Seguí acusaba a la líder de Compromís de prevaricación y malversación -entre otros delitos- por "encubrir los deleznables actos" cometidos por su exmarido. Pero la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la desestimó por no aportar "ningún indicio objetivo" de que la aforada "pudiera haber dado orden a cualquiera de los restantes querellados" -no aforados- "para que llevasen a cabo actuaciones tendentes a proteger a Ramírez".