La repetición parcial del juicio al exmarido de Mónica Oltra se ha saldado con el mismo resultado. Luis Eduardo Ramírez Icardi ha sido condenado a 5 años de cárcel por abusar de una menor tutelada de 14 años en el centro en el que ejercía como cuidador -cuya competencia es de la Conselleria de Igualdad que dirige la propia líder de Compromís-.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia fue dictada el pasado 17 de marzo y ha sido difundida este martes por la Fiscalía. Se le condena "por abuso sexual continuado" y "con prevalimiento", tal y como solicitaba el propio ministerio fiscal.
Los hechos probados del dictamen recogen que "en el periodo referido, en fechas que no se han concretado pero, entre dos y diez ocasiones, Luis Eduardo Ramírez Icardi, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor cuando esta se hallaba castigada".
La menor tenía "dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, por lo que reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo". Y Luis Eduardo procedía "a masajearle en la zona del cuello y la espalda".
Pero, "una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".
Repetición del juicio
Ramírez Icardi ya fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019. La Audiencia Provincial de Valencia consideró probado que, entre finales de 2016 y principios de 2017, abusó de esta joven tutelada por la Generalitat Valenciana.
Pero el juicio debió repetirse porque en aquel proceso no se tuvo en cuenta un informe autonómico y otro del Instituto Espill que ponían en duda la credibilidad de la víctima. En la repetición tuvo lugar, precisamente, la confrontación de estos análisis con el de la forense del Instituto de Medicina Legal que examinó a la menor y sí creía en su versión.
Tras el análisis de los nuevos documentos, la sentencia, además de reafirmarse en su condena, carga con dureza contra la Conselleria de Igualdad. Le afea la “hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”.
Pese a que la menor alertó de los hechos en febrero de 2017, no fue hasta junio de ese mismo año -cuatro meses después- cuando avanzó la investigación judicial al personarse en el centro la Policía Nacional por una denuncia de la propia víctima. Fue este cuerpo quien dio traslado a la Fiscalía de Menores, que inició de inmediato una investigación que culminó en la primera condena de 2019.