Valencia

Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, negó de nuevo este lunes haber abusado sexualmente de una menor del centro en el que trabajaba como educador. Únicamente le enseñó "técnicas de relajación" -masajes en la cabeza- para que las hiciera por sí misma, según defendió ante la Audiencia Provincial de Valencia.

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Lo hizo en la repetición parcial de su juicio para analizar un informe que duda de la credibilidad de la presunta víctima y que, inexplicablemente, fue ignorado en la primera vista. El acusado aseguró que no entraba deliberadamente en su habitación por las noches, sino que se dedicaba a comprobar que todos los menores, incluida la supuesta víctima, se durmieran.

La declaración del educador fue muy breve por tratarse de la repetición del proceso. Además de reiterarse en su inocencia, tan solo explicó que se enteró de la denuncia cuando se lo comunicó la directora del centro, en el momento en que lo apartaron del grupo de menores del que se encargaba.

Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019. La Audiencia Provincial de Valencia consideró probado que, entre finales de 2016 y principios de 2017, abusó de esta joven tutelada por la Generalitat Valenciana, que entonces tenía 15 años de edad. Según la sentencia, acudía a su habitación para tranquilizarla y, cuando ella se dormía, le cogía la mano y se masturbaba con ella.

Pero el juicio se está repitiendo porque en aquel proceso no se tuvo en cuenta un informe del Instituto Espill que pone en duda la credibilidad de la presunta víctima. Este lunes tuvo lugar, precisamente, la confrontación de este análisis con el de la forense, que sí cree a la menor.

"Motivación espuria"

El informe no contemplado hasta ahora se realizó por encargo del centro de menores. La psicóloga que lo elaboró explicó este lunes que se reunió en tres ocasiones con la menor.

"Utilizamos un sistema de evaluación diagnóstica. En las tres contó el episodio de que el educador se masturbó con su mano", indicó la psicóloga de Espill, que negó conocer que el acusado fuera el exmarido de la vicepresidenta valenciana. Se enteró un año después por los medios de comunicación, aseguró.

La psicóloga, sin embargo, cree que la menor fue "poco colaboradora", y que ofrecía "información arbitraria, poco consistente e incoherente". También advirtió que no mostraba "rabia, ni rechazo al agresor, ni rencor", y que, por tanto, consideró su relato como "poco creíble" y lo atribuyó a alguna "motivación espuria".

"Esta menor tiene un carácter fuerte, no es esperable de ella que no expresase rabia, enfado o necesidad de venganza. No creo que ocultase información, sino que no la tenía y por eso se molestaba cuando le pedíamos detalles", llegó a afirmar. A juicio de la psicóloga, su intención parecía ser abandonar aquel centro.

Sus consideraciones, por contra, fueron rechazadas de plano por parte de la médico forense del Instituto de Medicina Legal que examinó a la menor. Esta profesional llegó a decir que la anterior psicóloga "no consiguió conectar con la menor", e incluso puso en duda la metodología del informe elaborado por la psicóloga de Espill.

"Dice que dormía bocabajo, que notaba que le daban masajes por encima de la ropa y que notaba el órgano -sexual- del hombre en su mano, también la eyaculación, eso no es inconsistente. Esta menor muestra un perfil completamente estable y normal, que ya quisieran para sí muchas jóvenes de su edad. Además, nunca dice nada diferente, su relato ha sido siempre el mismo", aseveró la forense.

"Agravante de superioridad"

En línea con la forense, la Fiscalía sigue creyendo a la supuesta víctima. Hasta el punto que ha modificado sus conclusiones en la repetición de este proceso. Ahora pide el agravante de superioridad para el acusado, circunstancia que se podría traducir en una pena mayor, uno año más hasta los seis de prisión -si bien esta pena no ha sido formalmente solicitada-.

Esto se debe a que Ramírez Icardi fue el primer educador de la joven, que vivió en centros de reeducación desde los cuatro años de edad, según justificó la Fiscalía. El juicio todavía no ha quedado visto para sentencia. Resta la exposición de las conclusiones, que se producirá el 1 de marzo.

La repetición del juicio tuvo lugar este lunes tras no haber sido posible el pasado 11 de enero, cuando la cuarentena por un contacto estrecho con un positivo por Covid-19 impidió asistir a la Ciudad de la Justicia de Valencia a la abogada del acusado.

El juicio cuenta además una importante vertiente política. Mónica Oltra, además de exmujer del acusado -del que estaba separada pero no divorciada en aquel momento- es la máxima responsable política de los menores titulados de la Comunidad Valenciana, pues es la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.