El juez instructor del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha acordado abrir una nueva línea de investigación para determinar el destino real de los fondos del Proyecto Impulsa puesto en marcha por Podemos en 2015 para financiar iniciativas sociales.

La indagación del juez se centrará de momento en la segunda edición del Proyecto Impulsa, celebrada en 2016, que tuvo un presupuesto de 300.000 euros procedente de las donaciones obligatorias que realizaban los cargos públicos del partido.

El programa fue puesto en marcha por el Área de Participación de Podemos, para financiar propuestas sociales que "mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía y del entorno en el que vivimos" en categorías como medioambiente, educación e igualdad, inclusión social y nuevas tecnologías.

Cada año distintas asociaciones y colectivos, casi siempre próximos al partido, planteaban sus propuestas y los inscritos en Podemos decidían en una votación qué proyectos se iban a financiar con el dinero de las donaciones de sus cargos públicos.

"No iban a un fin altruista"

Al menos así lo aseguraba Podemos en su página web. Tras las primeras ediciones, el partido decidió dejar sin efecto el Proyecto Impulsa y comenzó a repartir discrecionalmente entre asociaciones afines los fondos de la llamada "caja de solidaridad" que se nutría con las donaciones de sus cargos públicos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha aceptado ahora, a petición de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, investigar qué pasó con el dinero de la segunda edición del Proyecto Impulsa.

En su escrito, Cánovas denunciaba que al menos 15.000 de los 300.000 euros de las donaciones que debían destinarse a planes sociales se gastaron en realidad en desplazamientos de altos cargos del partido.

En su auto dictado el miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez señala que existen "indicios racionales expositivos de que las donaciones efectuadas por Celia Cánovas Essard al Proyecto Impulsa en el año 2016 no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a las que iban destinadas".

"Caja de solidaridad"

Por este motivo, añade, "procede ampliar el objeto de la presente causa a la investigación del destino que el partido político Podemos dio a las donaciones realizadas a dicho Proyecto durante dicho ejercicio 2016".

Entre otras diligencias, el magistrado ordena a Podemos que "en el plazo de diez días presente la documentación acreditativa del dinero recaudado tanto de los cargos públicos, como de otros donantes para el Proyecto Impulsa en el ejercicio 2016, así como la documentación expositiva del destino dado a dicho dinero recaudado para dicho proyecto".

Del mismo modo, Pide a Podemos que le entregue la "documentación relativa a la creación de dicho proyecto" e identificando a las personas encargadas de gestionar sus fondos.

En cambio, el juez ha rechazado llamar a declarar como testigos, por el momento, a los responsables de la asociación #404 Comunicación Popular, que entre septiembre de 2019 y junio de 2020 recibió al menos 30.000 euros procedentes de la "caja de solidaridad" de Podemos.

Candidatos y asesores

El instructor ha aplazado esta diligencia hasta que la UDEF le entregue un informe sobre los movimientos de las cuentas bancarias de la asociación #404, para intentar determinar el fin que se dio a esos 30.000 euros.

Como ha informado EL ESPAÑOL, al menos siete de los dirigentes y miembros de la asociación #404 Comunicación Popular financiada por Podemos son candidatos, asesores o empleados del propio partido.

La presidenta de la asociación, Patricia García Herrero, ha sido miembro de la Secretaría de Sociedad Civil que dirigía Rafa Mayoral y ha asumido labores de coordinación de los círculos del partido morado, según consta en los escritos que la exsenadora Celia Cánovas ha dirigido al juez.

El vicepresidente, José Martínez Coy, también ha estado vinculado a la ejecutiva de Podemos: ha sido asesor y miembro de la candidatura que Pablo Iglesias encabezó en la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre.

La secretaria de la asociación financiada con la caja de solidaridad, Diana Peinado Serrano, fue parte de la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid que Isa Serra encabezó en las Elecciones Autonómicas de mayo de 2019.