Las claves

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La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha acordado la libertad con cargos para Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, hasta el pasado mes de agosto. 

Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha procedido al bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias.

También ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores.

Pineda, junto a su mujer, un funcionario del Ayuntamiento y otras dos personas, están siendo investigados tras la venta de una parcela pública por casi 4 millones de euros cinco meses después de adquirirla mediante subasta por 1,7.

Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.

Emvisesa, "principal perjudicada"

Por su parte, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha asegurado que la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) es la "principal perjudicada" de la investigación.

En una comparecencia ante los medios, De la Rosa ha asegurado que "han colaborado con la justicia y han tomado medidas contundentes desde el minuto uno que se tuvo conocimiento de la investigación en septiembre de 2025".

El delegado ha calificado de "bochornoso" el caso y ha transmitido que el Gobierno municipal "está tranquilo". Entre las acciones realizadas por el Ayuntamiento, De la Rosa, ha explicado que en octubre de 2025, solicitaron personarse en la causa "algo que fue aceptado por la jueza".

Posteriormente, en el mes de noviembre, Emvisesa despidió al trabajador de la empresa "investigado por el presunto cobro de la comisión".

Una decisión que se tomó, ha defendido De la Rosa "tras una periodo de audiencia donde no pudo justificar los hechos". "El despido se ha hecho con todo el proceso garantista tras no dar las explicaciones oportunas", ha remarcado.

Asimismo, el delegado de Urbanismo ha confirmado que la empresa Burguer King, que ocupa parte del terreno, "se ha declarado ajena a este asunto, lo que impide la reversión de la parcela", una cuestión que había comentado el alcalde, José Luis Sanz, en un pleno el pasado mes de noviembre.