Pegarle a un profesor en Andalucía ya es igual de grave que a un policía nacional: así protege la Junta a los docentes

Pegarle a un profesor en Andalucía ya es igual de grave que agredir a un agente de la Policía Nacional. Así lo garantiza el nuevo decreto que ha aprobado el Gobierno andaluz por el que se reconoce la figura de autoridad de los docentes en la comunidad.

El texto legal, explicó este martes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, desarrolla además las unidades de apoyo al profesorado, organismos que se van a crear en cada provincia y donde habrá abogados, psicólogos y administrativos para asesorar a los profesores que sufran acoso, agresiones o situaciones violentas.

Solo el año pasado, explican fuentes de la Consejería de Educación, hubo hasta 70 agresiones "graves" a docentes andaluces. El Gobierno andaluz acompañó a esos 70 profesores en su proceso legal contra los agresores.

Andalucía reconoce la autoridad de los profesores: su palabra se entenderá siempre como veraz en un conflicto

Ahora, con la herramienta del nuevo decreto, la ayuda que prestará la Consejería de Educación se amplía. De hecho, según recoge el texto legislativo, esas unidades de apoyo al profesorado podrán asesorar tanto en lo psicológico como en lo legal.

De esta forma, el docente que haya sufrido una agresión o amenaza grave podrá servirse de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía o bien contratar unos propios. En este segundo caso, será la Administración la que luego reembolse el dinero gastado en abogados al profesor.

Abogado privado

"El profesor que lo necesite podrá acudir a este nuevo órgano y allí le van a asesorar sobre qué hacer. Tendrá a su disposición un estudio psicológico, la opción de asistencia jurídica de la Junta...", explican fuentes de la Consejería de Educación.

Añaden que a esa asesoría llegarán los casos graves. Porque, indican, puede haber en las aulas "faltas de respeto, desconsideraciones o comportamientos inadecuados", pero para esos episodios hay otras herramientas en los centros educativos.

De hecho, desde la Consejería de Educación descartan que haya un aumento de agresiones o episodios violentos graves. No valoran los de menor calibre, pero sí en el caso de los que pueden llegar a necesitar defensa o asesoría psicológica de la Junta. Esos, detallan, "se mantienen estables en los últimos años".

Andalucía protegerá a sus profesores de agresiones en clase, en la calle y en Internet con una "Unidad de Apoyo"

Desde CSIF, sindicato que esta semana ha presentado un estudio sobre la situación de los docentes en Andalucía, creen que la conflictividad en las aulas preocupa. Así, según su balance, el 63,5 por ciento de los docentes reconoce haber sufrido faltas de respeto por parte del alumnado a lo largo de 2025.

Casi 4 de cada 10, añaden, ha tenido conflictos con las familias. Y uno de cada cuatro profesores ha sufrido agresiones verbales directas, detalla el estudio. Las agresiones más graves son menos: un 4,2 por ciento de los docentes han denunciado amenazas o ataques a través de redes sociales.

Aunque las agresiones físicas siguen siendo minoritarias, el año pasado se dieron en 2 de cada 100 profesores andaluces, siempre según CSIF, cifras que cuestionan desde la Junta de Andalucía.

Conflicto con los 'profes sombra' en Andalucía: La Federación de Autismo estalla y no renovará el convenio con la Junta

El clima de convivencia refleja esta tensión: más de la mitad de los docentes describe su centro como un entorno con episodios ocasionales de conflictividad, y casi un 17% lo define como conflictivo o muy conflictivo.

Si bien el tres de cada diez profesores señalan que su centro tiene "un ambiente positivo o muy positivo", también hay quienes lo califican de conflictivo "en episodios ocasionales".

Sobre la percepción de la autoridad de los docentes, cuestión que aborda el decreto aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, el 82,2 por ciento del profesorado afirma que ha empeorado claramente en los últimos años, frente a un 1,4% que cree que ha mejorado.

Además, casi el 88% de los docentes considera que su trabajo está poco o nada reconocido por la sociedad, frente a apenas un 12% que cree que sí existe cierto reconocimiento.

Apoyo

Este déficit de valoración social se combina con una sensación de abandono institucional aún más acusada: el 69,4% de los encuestados afirma no sentirse respaldado por la Administración en el desempeño de su labor docente, y solo un 1,6% asegura sentirse apoyado de forma clara .

La carga de trabajo aparece como uno de los principales focos de malestar. Más del 75% del profesorado califica su carga laboral como excesiva o totalmente desbordante, mientras que apenas un 7,8% la considera asumible.

Esta presión se ve agravada por una burocracia que la inmensa mayoría juzga desproporcionada: el 62,2% la define directamente como excesiva y otro 34,5% como alta, lo que deja a menos de un 4% de docentes que la considera razonable .

Ratios

Las ratios elevadas en las aulas constituyen otro de los grandes problemas estructurales señalados en el informe. Casi el 70% del profesorado considera que el número de alumnos por grupo es alto o directamente inasumible.

Solo un 5% estima que las ratios son muy adecuadas. Esta situación repercute de forma directa en la calidad de la enseñanza y en la gestión de la convivencia en los centros, según apunta CSIF .