El Gobierno andaluz ya ha reclamado 433 millones del fraude de los ERE: "Queremos el total"

El Gobierno andaluz ya ha reclamado por la vía administrativa, penal y por la jurisdicción contable 433 millones de los 679 defraudados en el caso ERE. Se trata del mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se ha producido en España y por el que fueron condenados 15 ex altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Queremos el total y no vamos a renunciar ni un solo euro", ha señalado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y ha aclarado que esta cantidad está vinculada únicamente a los procedimientos que se han abierto.

Sanz conoce bien el asunto. Durante su dilatada carrera política, fueron claves los años en los que se convirtió en el máximo azote del PSOE por este caso, como mano derecha del histórico popular Javier Arenas.

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En una comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha asegurado que esos 433 millones de euros se han reclamado teniendo en cuenta tanto las actuaciones llevadas a cabo en la vía penal, como mediante las revisiones de oficio de ayudas a empresas, y a través del Tribunal de Cuentas. Por esta última vía el montante asciende a 169 millones.

EL Gobierno andaluz ha llevado a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado, utilizando para ello todas las vías jurídicas posibles. De ahí que se haya personado en cada caso de las irregularidades detectadas.

En concreto, en la vía administrativa, la Junta acordó, por una parte, declarar la irregularidad de la inclusión en las pólizas suscritas para bonos de ayudas sociolaborales de determinadas personas, así como la incoación de expedientes de reintegro contra las mismas. Por otra, se procedió a la revisión de oficio de las ayudas a las empresas.

Hasta la fecha, se han llegado a tramitar más de 244 revisiones de oficio de ayudas a empresas por un montante de 129 millones de euros, una cantidad que desde la Junta están reclamando.

78 calificadas

En relación a la vía penal, Antonio Sanz ha puesto de relieve que, de las casi 200 piezas que componen todo lo que es el entramado de los ERE, hasta ahora únicamente se han calificado 78. En concreto, en las piezas en las que la Junta ejerce la acusación, hasta el momento, se han reclamado hasta 134,8 millones de euros.

No obstante, para que estas reclamaciones se hagan efectivas hay que esperar a que las sentencias sean firmes. Hasta el momento sólo se han dictado seis y aún las cantidades que reclama la Junta son provisionales.

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Antonio Sanz ha enfatizado que incluso en aquellas causas en las que la justicia haya decretado el archivo o sobreseimiento de determinadas actuaciones, la Junta agotará todas las opciones posibles para recuperar las cantidades que no se hayan podido resarcir.

"El objetivo del Gobierno andaluz es luchar por la totalidad de los recursos y recuperar la mayor cantidad posible de los fondos defraudados", ha insistido Sanz, y se ha mostrado optimista. 

"No hubo lucro personal"

Durante su intervención, el diputado del PP Daniel Castilla ha recordado que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la etapa de gobierno de Susana Díaz (PSOE), "renunció" a ejercer la acción civil en el juicio por el que fueron condenados en un principio hasta 19 ex altos cargos socialistas.

El parlamentario socialista José Aurelio García ha insistido en que ninguna de las dos sentencias recoge que "haya habido lucro personal de los cargos condenados". También calificó de "fake" los 680 millones de euros porque "en ningún caso se fijó esa cantidad como responsabilidad personal".

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El diputado de Vox Ricardo López Olea ha recriminado al Partido Popular que "en este tema tan serio se han hecho un clúster con el PSOE". Por último, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, culpó a ambos partidos de corrupción.

Tras la intervención de los portavoces de los grupos, Antonio Sanz culminó la comisión tildando el caso como "el mayor escándalo de corrupción de la democracia" y  expresando su rechazo a un posible indulto por parte del Gobierno a los condenados.