Andalucía permitirá con su nueva ley construir en suelo rústico y parar al instante obras irregulares

El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento de la Ley del Suelo (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), más conocida como LISTA. La misma entrará en vigor el 22 de diciembre con el objetivo fundamental de reducir la maraña normativa que los populares creen que suponía la anterior ley, aprobada con el socialista Manuel Chaves en el Gobierno.

Una de las claves fundamentales del nuevo reglamento está en la construcción de viviendas en suelo rústico. Éstas se permiten, pero no de cualquier manera. Se podrán construir siempre y cuando sean diseminadas en el terreno y no supongan, en ningún caso, la creación de una nueva urbanización.

"Esta nueva norma favorecerá a quien quiera vivir en el campo", ha asegurado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. No obstante, deberán garantizar que no están en suelo protegido o vulnerable.

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La norma también persigue aclarar cuáles de las casi 300.000 irregulares que ya existen pueden regularizarse. También las medidas para impedir que se construyan en el futuro.

Con esta ley en la mano, la Junta podrá paralizar la construcción de obras irregulares nada más detectarlas. Es decir, sin necesidad de resoluciones judiciales ni otras actuaciones administrativas. En estos momentos, la Administración cuenta ahora con una treintena de inspectores y sacará otras cinco plazas en el próximo año.

Otra clave de la nueva norma es la apuesta por la colaboración público-privada entre los ayuntamientos y entidades como los Colegios Profesionales. El objetivo es que éstos puedan colaborar con los municipios en la redacción de su planeamiento y en la aprobación de licencias a través de las denominadas Entidades Urbanísticas Certificadoras.

Su papel será "ayudar a ser más ágiles" a la Administración Local y "prestarles colaboración", ha remarcado la consejera. También incorpora el reglamento de la Lista la figura del agente urbanizador como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos de gestión en el suelo urbano.

En el ámbito urbanístico la nueva norma prevé para estas entidades tareas como la verificación de los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación técnica correspondiente a los actos sometidos a licencia o declaración responsable.

Así como la acreditación del cumplimiento de la legislación territorial y urbanística de los proyectos y la verificación de las obras ejecutadas conforme a la licencia otorgada o a la declaración responsable presentada. También la colaboración en actuaciones de control la verificación de los informes de inspección técnica de las construcciones y edificaciones.

Simplificación de planes urbanísticos

Otro de los objetivos de la nueva ley será la simplificación y agilización de los planes urbanísticos. Al respecto, Carazo ha explicado que el Reglamento de la Lista establece fórmulas más sencillas para que los instrumentos de planificación y ordenación del territorio "estén en un máximo de tres años frente a los 10 años de la anterior legislación". Para ello, la cooperación de la Junta de Andalucía "va a ser absoluta".

El fin es evitar, como ha ocurrido en el pasado, la anulación de 500 planes por los tribunales. Entre ellos los de los municipios de El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Marbella y Torremolinos (Málaga), el de este último municipio es objeto de recurso en el Tribunal Supremo (TS).

Carazo ha explicado que el Reglamento de la Ley del Suelo de Andalucía prevé un régimen transitorio de un plan a otro. "Entendemos que no debe paralizar todo, como ocurrió con el anterior".

Ante el TC

El pasado mes de marzo el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, impulsado por la formación en Andalucía, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta normativa al considerar que vulneraba el principio de autonomía local.

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Sin embargo, el pasado mes de agosto la Junta llegó a un acuerdo con el Estado que evitaba el citado recurso que se planteaba presentar contra 42 artículos y una Disposición Adicional y otra Final de la citada normativa.

Precisamente, este martes el Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto Ley para dar cumplimiento a ese acuerdo y adaptar su norma a las referencias a la legislación básica estatal.

Las discrepancias del Estado con la Junta de Andalucía se han centrado, entre otros aspectos, en materias como la invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, la colaboración público-privada, el suelo rústico o el contenido urbanístico de la propiedad del suelo.