Griñán arremete contra la Fiscalía y la Audiencia inicia la cuenta atrás para su ingreso en prisión

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha remitido un escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que se opone a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que ingrese de inmediato en la cárcel. "No soy un político corrupto", alega.

Sin embargo, la Audiencia ha comenzado la cuenta atrás para ejecutar las penas impuestas a Griñán y al resto de condenados a cárcel por malversación en el caso ERE, al acotar los plazos.

A través de una providencia notificada este lunes, consultada por EL ESPAÑOL, el tribunal concede a la Fiscalía y a la acusación popular, representada por el PP andaluz, un plazo de tres días para pronunciarse sobre los escritos presentados por las defensas de los nueve condenados a penas de cárcel. Contra esta resolución cabe presentar un recurso de súplica.

Griñán sigue confiando en no pisar la prisión hasta que el Consejo de Ministros resuelva su petición de indulto. Para ello, destaca en su escrito, ya ha recabado 4.000 firmas, incluyendo las de Susana Díaz y los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Su defensa, que ejerce el letrado José María Calero, pide a la Audiencia Provincial que desestime la petición de la Fiscalía porque Griñán no es "un político corrupto, en el sentido que se quiera dar a ese adjetivo descalificativo, incluyendo el más amplio posible". Su letrado considera este extremo "notorio, conocido de todos y que difícilmente pudiera pasar desapercibido para una fiscalía especializada, acostumbrada a conocer políticos corruptos".

[El fiscal invoca el auto del Supremo sobre Vera y Barrionuevo para que Griñán entre ya en prisión]

Sin embargo, el Ministerio Público dejó claro en su informe que se opone a suspender la pena porque el caso ERE es "una forma más de corrupción política". Y argumentó también que las "sentencias claman por ser cumplidas".

En este punto, la defensa de Griñán alega que "sólo es acorde al Estado de Derecho la ejecución de una sentencia cuando con la misma no se cercene de facto el derecho a los medios de impugnación exlesión de derechos fundamentales".

Invoca al auto de Barrionuevo y Vera por los GAL

La Fiscalía Anticorrupción es contundente en el escrito de seis folios que presentó el pasado viernes ante la Audiencia Provincial, en el que rechazando las razones que alegan las defensas para suspender el cumplimiento de la pena: el incidente de nulidad y la tramitación del indulto. 

En su primer argumento, Anticorrupción cita un auto dictado en 1998 por el Tribunal Supremo especialmente significativo. Se trata de la resolución de la Sala Penal que rechazó suspender la entrada en la cárcel del exministro del Interior socialista José Barrionuevo y del exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL. Ambos formaban parte del Gobierno de Felipe González.

Sin embargo, la defensa de Griñán sostiene que "la ejecución de la sentencia firme no debe ser ni inmediata ni automática", dado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe pronunciarse todavía sobre la petición de indulto. 

Además, en este punto, arremete contra la Fiscalía por hacer un juicio de prosperabilidad de la petición de esta medida de gracia.

[El PP andaluz se adhiere a la petición de la Fiscalía para que Griñán ingrese de inmediato en prisión]

Al respecto, la defensa de Griñán enumera los motivos por los que considera probable que prospere la petición de indulto. Entre ellos, la avanzada edad del expresidente de la Junta —tiene 76 años—, el tiempo en el que estuvo en funcionamiento el sistema ilegal de concesiones de ayudas, entre 13 y 22 años respecto a la fecha actual, y la acreditada rehabilitación del penado al carecer de antecedentes penales. "Esta condena es la condena única en toda su vida", remarca.

Por todo ello, su letrado alude a la eventual suspensión de la ejecución de la condena hasta que se resuelva la medida de gracia solicitada y hasta que tenga respuesta el incidente de nulidad elevado al Tribunal Supremo. También, hasta que se resuelva el recurso de amparo ante el Constitucional.