La maraña judicial en torno a Abengoa, la empresa andaluza que formó parte del consorcio empresarial que construyó el AVE a La Meca, parece no tener fin. Ahora, un juzgado sevillano ha resuelto encausar a Felipe Benjumea, expresidente e hijo del fundador de la histórica compañía.

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Junto a él, la jueza titular del Juzgado Número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha ordenado investigar a otros dos exdirectivos: el exdirector financiero, Jesús García Quílez, y Gonzalo Gómez, exdirector general de la filial Instalaciones Inabensa, por los presuntos delitos de falsedad en las cuentas anuales y de la información contable y económica de los trabajos efectuados por Abengoa y sus filiales dentro del proyecto del AVE a La Meca.

Benjumea fue presidente de Abengoa de 1991 a 2015, cuando fue cesado. Por la indemnización recibida tras su cese y la percibida por otros directivos fueron demandados y juzgados por la Audiencia Nacional en 2018, acusados de administración desleal o apropiación indebida. La querella, presentada por un grupo de accionistas minoritarios, no prosperó, al estimar la AN que la indemnización que percibieron tras mostrarles la puerta de salida del consejo de administración se adecuaba a la normativa legal.

En el juicio, Benjumea declararía que su cese se debió a presiones de las entidades financieras que iban a concederle a Abengoa una inyección para poder ampliar el capital. Luego, la operación no se produjo y ello provocó “una crisis total”.

Dos querellas

El 13 de abril de este año, los trabajadores de la sede matriz de Abengoa, en Sevilla, se encontraron con un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, los agentes registraron la sede, garajes y locales, así como los ordenadores.

El registro fue ordenado por el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, de resultas de una querella interpuesta por un grupo de accionistas minoritarios.

La investigación arrastraba ya más de cinco años de pesquisas para dirimir un supuesto delito de estafa, por si las cuentas que la compañía trasladaba a sus inversores eran reales o se estaban maquillando. En ese registro se incautaron hasta los correos electrónicos de 41 empleados, enviados entre 2013 y 2016. Entonces, el ya expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, presentó un recurso contra la orden de registro dictada por el juez Ismael Moreno, del juzgado central de Instrucción número 2. Fue rechazado.

En febrero de 2020 el juez admitió una ampliación de la querella: además de a los directivos, se solicitaba que se investigara a Abengoa y a Deloitte, empresa encargada de auditar las cuentas.

Hay una segunda querella, interpuesta en 2018 ante la Audiencia Nacional por la misma Plataforma de Afectados por Abengoa, al considerar que dos proyectos de dos filiales de la compañía durante su participación en el Consorcio del AVE de La Meca a Medina podrían haber incurrido en supuesta falsedad contable durante la construcción del proyecto en los años 2012 y 2013.

Luego, en mayo de este año la Audiencia Provincial de Sevilla rechazaba el recurso presentado por los accionistas minoritarios para que la querella que investiga estas supuestas comisiones en la Audiencia Nacional se ampliasen contra los expresidentes José Domínguez Abascal y Felipe Benjumea, y contra el ex consejero delegado de la multinacional Manuel Sánchez Ortega.

Las filiales

Ahora, es el juzgado número 3 de Sevilla el que ha resuelto la apertura de diligencias y cita como investigados a tres ex altos cargos. Nuevamente la querella ha sido interpuesta por la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, que solicitó investigar si habían existido irregularidades en las cuentas de las filiales Abeinsa e Inabensa. Acusa a ambas empresas de “manipular de forma deliberada los márgenes de los proyectos y los costos; delitos de emisión de facturas ficticias en los contratos simulados y delito de alteración/manipulación del flujo de caja con el mismo fin de ocultar la realidad económica real".

La participación de Abengoa y sus filiales en el proyecto de construcción del AVE Meca-Medina fue realizado por un lado, por el departamento de Ferroviaria “que instaló el cableado de las catenarias” y la construcción de subestaciones eléctricas que dieran alimentación a la infraestructura, También participó el de Edificios Técnicos, que los construyó “para albergar los equipos necesarios” para el funcionamiento del Tren de Alta Velocidad en Arabia Saudí.

También se debe comprobar "si ha existido alguna simulación relacionada con las facturas emitidas por la empresa Nicsa, filial del grupo Abengoa, habiéndose aportado copia de dos facturas emitidas el 30 y 31 de diciembre ambas del 2013, dudándose sobre la efectiva prestación de tales servicios en los proyectos referidos".

Y, por último, también se dirimirá si ha existido alguna simulación relacionada con la provisión atribuida a La Farga, empresa proveedora de cables de cobre y que según sostiene la denuncia, se habrían vendido a Inabensa Turquía para que a su vez esta los vendiese a Inabensa Saudí, “en modo triangulación”, sostiene el auto del juzgado hispalense.

El auto, fechado el pasado 7 de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico, acuerda dar traslado a los tres de su condición de investigados en este procedimiento “por su participación en un presunto delito societario de falseamiento de cuentas de los artículos 282 bis, 290 y concordantes del Código Penal en relación con las irregularidades en las que se hubiera incurrido en el desarrollo del proyecto Ave Meca Medina. La juez matiza que es procedente citarlos como investigados para evitar “que puedan efectuarse alegaciones incriminatorias por testigos u otros implicados contra ellos de las que no tengan ocasión de defenderse”.

La investigación abierta ahora por el juzgado hispalense es una muesca más para la empresa, y se encuadra en una situación crítica para la compañía desde hace varios años. Tras el registro efectuado por la UCO en abril, la actual directiva subrayó que no queda nadie de aquellos a los que investiga de nuevo la Audiencia Nacional sobre si las cifras que la compañía trasladaba a los mercados eran reales o pretendían ocultar a sabiendas la complicada situación de la empresa que estalló en 2015.

En este trasfondo jurídico, sobre la multinacional de ingeniería y renovables pesa un concurso voluntario de acreedores desde el pasado mes de marzo, la incertidumbre de la plantilla, que viene realizando movilizaciones, y la losa de una deuda de 6.000 millones de euros. La compañía espera, mientras tanto, los 256 millones de euros que ha solicitado al fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI se pronunciará sobre Abengoa a finales de septiembre, y declinará la balanza de su futuro.