La Fundación Doñana 21 dedicó sus 300.000 € de presupuesto durante tres años a pagar nóminas

La auditoría de la Fundación Doñana 21, con sede en Almonte (Huelva), revela graves irregularidades en la gestión y en el funcionamiento del ente, que depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

El informe señala que en los ejercicios de 2015, 2016 y 2017, bajo el mandato de Susana Díaz, el presupuesto transferido a la Fundación por parte de la Junta ascendía a 300.000 euros anuales. Durante esos tres años, esta suma se dedicó por completo a pagar las nóminas de su plantilla.

Actualmente, la fundación tiene 6 trabajadores, pero llegó a contar con un grupo de empleados de en torno "a las 25 personas" y a disponer de un presupuesto anual mucho mayor que el de 400.000 euros que tiene asignados ahora. Entonces, la financiación de la Fundación Doñana 21 provenía además “de subvenciones nominativas o convenios de colaboración”.

El informe recoge, además, que en 2019 se prescindió de un trabajador. Hubo que indemnizarle con 36.152,75 euros por un despido objetivo, tras estar de baja al menos dos años. Los sueldos medios, en bruto, ascienden a poco más de 32.000 euros.

Sin embargo, el valor de la Fundación Doñana 21 reside, precisamente, en su plantilla. “Se trata de personal con experiencia profesional previa en el ámbito agrario, forestal, cultural y/o administrativo. La experiencia y especialización de este personal, unido a su conocimiento del territorio hacen que el know how de la Fundación resida en su equipo de técnicos”.

Durante el periodo de análisis de la auditoría, que abarca de 2015 a 2019, “la Fundación ha funcionado prácticamente como una oficina técnica al servicio del Espacio Natural de Doñana, y otros entes que hayan podido solicitar ciertas iniciativas, donde el factor fundamental reside en el personal de la Fundación”.

"No refactura"

Destaca también que este personal técnico trabajaba para el Espacio Natural de Doñana, actuando “de facto” como personal propio del mismo. “El área de gerencia del Espacio Natural demanda del equipo de técnicos apoyo para ciertos proyectos y actividades propias del Espacio Natural, y la falta de financiación de la Fundación para el impulso de proyectos de iniciativa propia, propician que el personal técnico dedique una parte de su tiempo a labores de apoyo al Espacio Natural”, reza el informe.

Esto ocurre, por ejemplo, con la gestión de marcas vinculadas a Doñana. Se encarga de siete marcas y de 24 empresas certificadas con la Etiqueta de Calidad Doñana 21. Entre estas últimas, hay desde gasolineras, empresas de fumigación, a dos empresas arroceras de Isla Mayor (Sevilla) e incluso un empresario de la construcción con sede social en Sevilla.

La Fundación, además, no repercute a las empresas ninguno de los gastos en los que incurre, ni por las marcas ni como certificadores de la etiqueta de calidad Doñana 21. La obtienen gratis. La Fundación “no refactura los costes en los que incurre para el mantenimiento de estas marcas y certificaciones a los beneficiarios, tal y como firman en los contratos. Esto se debe a una laxa interpretación de los mismos en favor de los terceros”.

Según el análisis, la entidad se encarga también de administrar el uso del Certificado Europarc al Parque Natural, algo que debería hacer Espacio Natural Doñana, gestora del parque. Sin embargo, la Fundación no solo lo administra, sino que también se lo renueva “sin la pertinente contraprestación, sin que medie un contrato o encargo al respecto.”

Este hecho “vuelve a poner de manifiesto la utilización habitual y recurrente de la Fundación como una oficina técnica” que realiza gestiones propias “del área de gerencia del Espacio Natural de Doñana, actuando de facto como personal propio del mismo”. El informe sostiene que la difusión es tal que muchos de los trabajadores de la Fundación fueron empleados anteriormente de Espacio Natural Doñana.

Pero no solo trabajan para la entidad explotadora del Parque Natural. También, “ante la falta de actividades propias que desarrollar, dedican parte de su actividad a labores de apoyo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sin que se tenga evidencia de la existencia de un encargo al respecto”.

Constituida en 1997 con el objetivo de impulsar y promocionar actuaciones públicas sostenibles en el Parque Nacional de Doñana, la labor de Doñana 21 se centra en dos ámbitos: la dinamización del entorno de Doñana, donde se incluye la gestión de marcas y certificaciones, y la explotación del Bosque Solar, una planta fotovoltaica en Matalascañas (Huelva) de la que la Fundación es propietaria.

Actividad mercantil

El Bosque Solar nació con una finalidad didáctica dentro de la “línea estratégica de trabajo de ahorro y eficiencia energética para mitigar los efectos del cambio climático”. La auditoría lo ha analizado como “una actividad mercantil”, pues la propia Fundación la clasifica así en la memoria de sus cuentas anuales. Sin embargo, las actividades mercantiles no figuran dentro de los objetivos fundacionales de la entidad pública.

Esta explotación fotovoltaica es su segunda fuente de ingresos, sobre todo en los últimos ejercicios en los que han tenido un presupuesto "más ajustado" y “los ingresos por venta de electricidad han supuesto un alivio en la gestión económica".

Se trata, en esencia, de una serie de paneles solares para generar energía, que fueron vendidos a bombo y platillo a partir de su puesta en marcha por la Junta de Andalucía en 2008. Los paneles se denominaban árboles, y se anunció que funcionarían mediante un sistema de apadrinamiento gracias al patrocinio de distintas empresas. Lo cierto es que en estos años quedaron varios de estos árboles fotovoltaicos sin apadrinar y que la planta “nunca ha llegado a estar operativa al cien por cien”.

Los informes del ejercicio 2019 emitidos por la empresa de mantenimiento ponen de manifiesto que la planta estuvo inactiva en 9 ocasiones por distintas incidencias “siendo el tiempo medio de la pausa aproximado de 3 días, lo que supone que casi un mes al año, la planta no ha estado produciendo por problemas técnicos”.

El Bosque Solar es un proyecto que arrancó en 2006 desarrollado por la Agencia Andaluza de la Energía, y Gamesa Solar, S.A. La primera concedió una subvención de un 46,30% del coste estimado del proyecto (533.634 euros), de un total de 1.152.572,05. También se contó  con Fondos Feder para su desarrollo. El informe destaca que el coste de la instalación fue “casi un 49% más alto” a otras instalaciones similares. Entró en funcionamiento en noviembre de 2008.

Deficiencias

En 2020, la Fundación fue  sometida a una revisión técnica de la instalación. La revisión constató que existían deficiencias de seguridad, producción y mantenimiento. Para empezar, porque la fotovoltaica “no había sido certificada por un Organismo de Control Autorizado” en siete años, encontrándose caducada “desde el 30 de octubre de 2018”.

La revisión encontró un segundo y grave problema de seguridad, éste, de origen: ninguno de los 15 árboles solares que componen la planta “disponía de puesta a tierra en la parte de corriente continua”. Las estructuras se encontraban “hincadas directamente al terreno”.

El mantenimiento de la instalación, además, ha sido nulo. El cableado estaba en muy mal estado en muchas de las placas, “pudiendo provocar situaciones de peligro con tensiones no permitidas en los elementos metálicos”. Además, se constató la existencia de placas dañadas o directamente inservibles. Otras, desconectadas, al no ser repuestos los fusibles “posiblemente para dejarlos aislados al detectar un fallo grave de aislamiento”.

La dejadez era visible en la instalación y además, la maleza campaba a sus anchas, llegando a proyectar sombra en las placas solares. “Una sombra en una de las placas implica una reducción de la producción de toda la línea de placas conectada en serie a esa placa”, estima el documento. Por tanto, “si una placa reduce su producción en un 50%, toda la línea se vería reducida su producción en un 50%”.

Respecto a la monitorización, el informe indica que la planta cuenta “con un software no testeado y con un dispositivo de envío de información que está inutilizado, lo que hace que la monitorización de la planta se lleva a cabo de forma manual y presencial”.

El expediente informa de que la Fundación no dispone de los recursos “ni de las capacidades técnicas necesarias para la óptima explotación” de unas instalaciones, que pese a su nulo mantenimiento y deficiencias, dan beneficio.

La auditoría, elaborada por PriceWaterHouseCoopers, concluye con la recomendación de que Doñana 21 debe desligarse de la explotación del Bosque Solar, y que “se valore la opción de que la Fundación sea extinguida, reubicando al personal de Doñana dentro del equipo de técnicos del área de gerencia del Espacio Natural”. También, que la propiedad, gestión y administración de las marcas y certificaciones “deberían trasladarse a la Consejería, para su gestión por este mismo personal desde el Espacio Natural de Doñana”.