El líder del PP, Pablo Casado, anunció el sábado que las comunidades autónomas en las que gobierna su partido van a adelantar el proceso de escolarización para el próximo curso 2021-2022 antes de la entrada en vigor de la Ley Celaá para "evitar sus perjuicios". Sin embargo, Andalucía, donde el PP gobierna en coalición con Cs, se descuelga.
El consejero de la formación naranja de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha descartado que se vaya a adelantar la matriculación escolar en Andalucía de marzo a diciembre. A su juicio, "sería una especie de pan para hoy y hambre para mañana". Si se adelanta ¿qué pasaría para el curso 2022-23?, se ha preguntado.
Imbroda ha hecho declaraciones al respecto y sostiene que desde su Consejería "van a ser leales con la ley que salga". También ha expresado su deseo de que en el desarrollo reglamentario puedan contar con el Gobierno andaluz.
El consejero de Educación ha participado este lunes en la reunión virtual de la Conferencia Sectorial de Educación, que reúne al Ministerio y las comunidades autónomas. Imbroda apela a que estar norma en estos momentos está pasando el trámite del Senado y se muestra partidario de aguardar hasta que se sepa que esta ley va a estar implantada.
"Confío en pueda haber diálogo, cosa que no ha ocurrido anteriormente", ha incidido el consejero de Educación. De igual forma, ha defendido que la matriculación escolar en Andalucía ha respondido a una orden que ha garantizado que más del 93% de las matriculaciones se hayan realizado en primera opción.
"Lealtad" desde Andalucía
"En Andalucía tenemos muy claro que seguiremos defendiendo el derecho de las familias a elegir su modelo educativo", ha sostenido el consejero de Educación, quien ha trasladado su "confianza en poder ajustarnos a la ley".
Tras proclamar "la lealtad que desde Andalucía siempre va a tener", ha explicado que ésta se va a desarrollar bajo dos premisas fundamentales para el Gobierno andaluz: la libertad siempre de las familias para elegir el modelo que quieren para sus hijos y que el sistema educativo esté basado en la cultura del esfuerzo de nuestro alumnado.
En el caso de Andalucía las políticas de Educación son gestionadas por Cs. Desde el Gobierno andaluz recuerdan además que la comunidad cuenta con un decreto de escolarización aprobado en el presente mandato que blinda la libertad de elección de madres y padres.
Aseguran que para garantizar esta libertad, en el caso de la comunidad, no es imprescindible aprobar de momento ninguna resolución sino que se puede hacer a posteriori, después de la entrada en vigor de la Ley. Y así se hará.
Por tanto, dado ese blindaje previo, en el caso de Andalucía, la Ley Celaá introducirá modificaciones que afectarán sólo a algunos casos muy específicos. No obstante, la voluntad del Gobierno andaluz es ejercer al máximo las competencias en materia educativa para minimizar los impactos negativos de la citada norma.