El Gobierno central abre un frente contra la Junta de Andalucía, gobernada en coalición por PP y Ciudadanos. El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores. 

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El Gobierno considera que esta normativa, aprobada con carácter urgente para paliar efectos económicos del coronavirus, puede colisionar con otras normas de carácter estatal.

En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.

"Vulneración directa" de competencias

En concreto, el Gobierno quiere impugnar el precepto del decreto que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por entender que vulnera las competencias estatales en defensa de los bienes culturales y contra la expoliación que están recogidas en el artículo 149 de la Constitución española.

El Ejecutivo central también ha detectado una "vulneración directa" de competencias estatales exclusivas en materia de telecomunicaciones, ha detallado Montero.

La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.

Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto, convalidado el 2 de abril por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado y anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por haberse aprobado en Diputación Permanente en plena crisis del coronavirus Covid-19. La medida también ha suscitado las críticas de distintos sindicatos y colegios y asociaciones profesionales.

El decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado con los votos de los socios de gobierno de la Junta -PP y Ciudadanos (Cs) y Vox, agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Según defiende la Junta, esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la administración autonómica en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.