Joaquín Parra, empresario andaluz y expresidente del CD Badajoz, se convirtió en uno de los objetivos de la trama liderada por Leire Díez, la conocida "fontanera del PSOE", y el abogado Jacobo Teijelo.
Intentaron comprar su silencio. Y también su colaboración. Le prometieron beneficios judiciales, le hablaron de indultos, de que "el fiscal general era su aliado" y de que todo lo reportaban "directamente a Pedro Sánchez".
Ambos operaban junto al empresario Javier Pérez Dolset en lo que hoy parece una estrategia político-judicial con conexiones en Ferraz y en la cúpula del Gobierno.
Parra asegura ser "víctima de una persecución judicial y policial", lo cual aprovecharon los fontaneros del PSOE para intentar captarlo en su campaña contra la UCO, jueces y fiscales.
Un testigo dubitativo
Parra pasó casi un año en prisión provisional acusado de fraude fiscal millonario en una presunta trama de venta de hidrocarburos. Sin embargo, una información publicada por La Razón el 21 de junio puso en entredicho la pieza angular de esa instrucción.
Según el testimonio recogido en vídeo, el denunciante clave del caso —Pedro Garrido— compareció ante el juez el 2 de noviembre de 2021 en Málaga.
Primero ratificó su denuncia, pero pronto comenzó a mostrar dudas, evadió preguntas y recibió reproches directos del magistrado por su incoherencia.
"Yo eso no lo sé, señoría… habré ratificado pero no sé la interpretación", llegó a decir ante el juzgado. A pesar de estas lagunas, Parra permaneció en prisión hasta el 21 de julio de 2022.
El juez, además, autorizó el embargo y la subasta de parte de su patrimonio antes del juicio: 225 cuentas bancarias, 49 coches de alta gama, dos yates y decenas de inmuebles.
El juicio aún no se ha celebrado. Está fijado para mayo de 2026. Parra defiende su inocencia y denuncia que ni siquiera se ha volcado el contenido de sus dispositivos electrónicos incautados.
"El fiscal es nuestro aliado"
Desde el verano de 2024 y 2025, Leire Díez, Jacobo Teijelo y Dolset trataron de captar a Parra para que colaborara en una ofensiva contra la UCO, fiscales y jueces incómodos para el Gobierno.
En una de las grabaciones, Parra pregunta: "¿Cuándo va a empezar Pedro a dar hostias contra la Guardia Civil?". Leire responde: "Hasta que yo no tenga todo bien claro, no lo traslado".
En otra cita, Dolset afirma: "El fiscal general es nuestro aliado". Las reuniones se celebraron en despachos, restaurantes y pisos vinculados a antiguos altos cargos del PSOE, como el de la calle Diego de León en Madrid.
Parra asegura que fue presionado durante meses y que recibió amenazas para no difundir las grabaciones.
Detención y cárcel
Joaquín Parra, natural de Dos Hermanas (Sevilla), se hizo un nombre en el sector de las gasolineras low cost. En 2019 compró el 99,75% del Club Deportivo Badajoz. Invirtió más de 4,6 millones de euros y relanzó al club: ascenso a Primera RFEF, estadio reformado y récord de abonados.
Pero su historia dio un giro el 27 de julio de 2021, cuando fue detenido por su presunta implicación en un fraude de IVA de más de 13 millones de euros. Su detención incluyó el registro del estadio del Nuevo Vivero, ante la sospecha de que se usara para lavar dinero. No hubo nunca pruebas concluyentes de ello.
Imagen de archivo de cuando la Guardia Civil registró el estadio del CD Badajoz.
El empresario asegura haber sido víctima de abusos durante los registros: denunció entonces el robo de bienes personales por parte de agentes de la Guardia Civil y también que su esposa fue obligada a desnudarse sin estar imputada.
Tras su detención, Parra se vio obligado a vender el club por 1,5 millones de euros a Lanuspe, una empresa ligada a la familia Oliver. La operación se hizo —según su versión— bajo amenazas y con graves daños a su patrimonio familiar.
El contrato incluía una cláusula de reversión si no se completaban los pagos. Parra asegura que no se cumplió y ha emprendido acciones legales para recuperar el club. Hoy, el CD Badajoz está al borde de la liquidación.
La sombra de Ferraz
Según Parra, Leire Díez le decía que estaba en contacto permanente con Santos Cerdán, Juanfran Serrano y el jefe de comunicación del PSOE, Ion Antolín. La fontanera utilizaba el nombre de Pedro Sánchez en las negociaciones y le trasladaba los avances.
La operación incluía recoger información sobre Víctor de Aldama, empresarios del caso Koldo y líderes del PP como Ayuso o Feijóo.
Leire fue vista entrando en Ferraz, trabajaba para la consultora Zaño —propiedad de Gaspar Zarrías— y llegó a ofrecer un vídeo sexual del fiscal Grinda a EL ESPAÑOL. Hoy, el abogado Teijelo está en el equipo de defensa de Cerdán y le ha visitado en la cárcel de Soto del Real.