Una palabra —"ganadería"— recorre el sumario como un eufemismo compartido. La pronuncia un constructor en un mensaje de WhatsApp y se refiere, según la Guardia Civil, al PSOE.
El empresario se llama José Ruz y repite la frase para explicar por qué su empresa debe seguir accediendo a contratos públicos: "¿Qué gana la ganadería teniéndonos fuera?"
El destinatario es Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
Esa frase, incorporada al último informe de la UCO, resume una sospecha que ya investiga el Tribunal Supremo: la existencia de una red de mordidas que, durante años, habría beneficiado no solo a altos cargos del PSOE, sino también —indiciariamente— al propio partido.
Tras el caso Gürtel, la reforma penal clave sobre la financiación ilegal de los partidos políticos en España fue la introducción, por primera vez, de este delito en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Los partidos políticos como personas jurídicas pueden ser sancionados con multas de tres a cinco veces el valor de la donación ilegal recibida y, en los casos más graves, con la disolución, suspensión de actividades, clausura de locales o prohibición de realizar determinadas actividades.
En 2022, Ruz escribe a Koldo (ya fuera del Ministerio) para que le siente con "el navarro". Se refiere a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y hoy en prisión provisional.
"Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro y que yo hable con él directamente". La reunión, según el empresario, es urgente: su compañía se ha quedado fuera de los contratos que antes fluían con naturalidad.
Mensaje de José Ruz dirgido a Koldo García.
En los mensajes intervenidos, se habla de exclusiones, de equilibrios dentro del partido, de empresas castigadas por no pagar —o por pagar a quien no tocaba—.
Y en ese mismo cruce de mensajes, emerge el núcleo de la sospecha: que parte de esos beneficios no fueron a parar solo a bolsillos individuales, sino a la llamada "ganadería". Es decir, al partido.
Dinero y un coche
La investigación conecta con otro momento clave: las primarias de 2017 que devolvieron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Según la UCO, Koldo cobró pagos en metálico de Antxon Alonso —socio de Santos Cerdán— en plena campaña.
Las anotaciones intervenidas en sus dispositivos lo dejan por escrito: "Tema Acciona si hizo el ingreso" [sic], apunta el 12 de diciembre de 2016.
Una semana después, registra: "Llamar a Fernando Merino de Acciona para tomar café. Tema dinero".
El vínculo es doble. Por un lado, Cerdán y Alonso transfieren dinero a la cooperativa Noran, controlada por Koldo. Por otro, acompañan al hoy presidente del Gobierno por toda España, en un Peugeot 407, para recuperar el liderazgo del partido.
La empresa de Cerdán transfirió 50-000 euros a la de Koldo cuando iniciaron la campaña del Peugeot con Sánchez.
En paralelo, se producen ingresos a la cuenta de Noran desde la empresa Servinabar 2000 —la que la UCO descubrió que está participada en un 45% por Cerdán—. Sólo tres días después de que Sánchez anuncie su candidatura, entra una transferencia de 42.500 euros.
La Guardia Civil concluye que esas cantidades pudieron financiar parte de la campaña.
La otra parte, dicen, se pagó "a escote" o mediante un crowdfunding opaco que recaudó más de 100.000 euros en donaciones anónimas. A día de hoy, no se conoce quiénes pusieron el dinero.
El dinero de las obras
En un informe entregado ya al Tribunal Supremo, la UCO cifra en 620.000 euros el dinero pagado por Acciona a Ábalos y Koldo, "gestionado por Santos", a cambio de adjudicaciones amañadas.
Los investigadores identifican dos obras clave: el soterramiento del AVE en Murcia y una plataforma ferroviaria en Almería, por valor conjunto de casi 280 millones de euros. Pero la cifra final de las mordidas podría superar el millón, según los propios audios incautados.
En uno de esos audios, se escucha a los tres —Cerdán, Ábalos y Koldo— hablar del reparto de 570.000 euros. "Esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas", dice uno de ellos. En otro, se discute cómo regularizar pagos pendientes.
El auto del juez del Supremo va más allá. Sostiene que "otras personas físicas o jurídicas" pudieron haberse enriquecido ilícitamente y cifra el botín potencial en cinco millones de euros.
La mención explícita a "personas jurídicas" abre por primera vez la puerta a una acusación de financiación ilegal del PSOE.
Santos Cerdán, en su última imagen pública, antes de entrar en prisión.
Las bolsas en Ferraz
A esta posible línea de investigación se suma el testimonio de Carmen Pano, una empresaria imputada en la trama de hidrocarburos.
En su declaración ante el juez, ratificó que en 2020 entregó 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE.
Relata que subió hasta la segunda planta, entregó la bolsa a una persona no identificada y se marchó.
Según Pano, el dinero tenía un origen claro: el fraude del IVA de los hidrocarburos.
La Audiencia Nacional rechazó en su momento investigar al PSOE por financiación ilegal a raíz de esta entrega. Pero la instrucción en el Supremo vuelve a colocar ese episodio bajo la lupa.
El PSOE ha cerrado filas. Pedro Sánchez guarda silencio. La ministra portavoz, Pilar Alegría, niega que exista financiación irregular y recuerda que el partido se somete a auditorías externas.
Ninguno de los investigados —Cerdán, Ábalos, Koldo— forma ya parte del núcleo de poder socialista. Pero cabe destacar que todos ellos sí lo integraban cuando presuntamente se tejió la red.
Ahora, la cuestión no es solo qué sabían, sino si el partido —el aparato, la estructura, la "ganadería"— fue parte beneficiaria. La línea roja ya no está en los contratos amañados. Está en Ferraz.