El alcance de la injerencia rusa en el procés y en la senda separatista está adquiriendo unas dimensiones cada vez más notorias en cuanto a su profundidad, audacia y extensión en el tiempo.
El juez del caso Volhov, la causa judicial en la que se rastrean los contactos del Kremlin con Carles Puigdemont y el desvío de fondos públicos al proceso independentista, considera "acreditados" los viajes y las reuniones de los hombres más próximos al líder de Junts con "los más altos capos de la mafia rusa", conectados a Moscú y a Vladímir Putin.
Según el auto al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda prorrogar la investigación de esta causa sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo al procés.
La noticia llega horas antes de que el Congreso de los Diputados debata si aprueba la Ley de Amnistía, que los independentistas pretenden que despeje completamente el futuro judicial de Carles Puigdemont.
El relato que Aguirre esboza en su auto apunta a un posible delito de traición, que, por el momento, está excluido expresamente de la aplicación de la amnistía, pese a que los independentistas pretenden incluirlo para despejar el horizonte judicial de Puigdemont. La cantidad de nuevas diligencias es tal, que el magistrado ha ordenado extender la instrucción al menos seis meses más.
Nuevo frente judicial para Puigdemont
Por el momento, para Aguirre está acreditado que Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, y Gonzalo Boye, el abogado del prófugo en Bruselas, mantuvieron una serie de conversaciones por mensajería instantánea que "revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin".
En esas conversaciones se evidencia "la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin respecto al disidente Alexei Navalny", abogado y político ruso, considerado el principal opositor de Vladímir Putin tras el asesinato de Borís Nemtsov en 2015.
En el mismo auto, el magistrado señala que recibieron la recomendación de que tampoco se criticase al presidente de Bielorrusia, Lukashenko.
Tanto Alay como Boye, relata el juez Aguirre, viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa: "Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".
Zakhar Kalashov, uno de los grandes capos de Rusia, fue condenado por la Audiencia Nacional en 2010 y entregado a Moscú cuatro años más tarde. Vasily Khristoforov es una de las máximas autoridades de la mafia postsoviética, y se habría reunido con Boye en febrero de 2020, según una investigación realizada por The New York Times en 2021. El objetivo del encuentro habría sido, según los servicios secretos europeos, el establecimiento de un canal secreto de financiación para los fines del procés.
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Koba Shermazashivili, por su parte, es otro relevante mafioso ruso-georgiano cuya organización fue desmantelada en España en 2010 gracias a la operación Java. También fue detenido en 2016 en Suiza por intento de asesinato, blanqueo, tenencia de armas, falsificación de tarjetas de crédito, estafa y falsedad.
Por último, está Evgeni Primakov. En 2020 fue nombrado jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Kremlin. No es un cualquiera en Moscú, y tampoco su familia: su abuelo llegó a ministro de Exteriores y también ostentó el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Exterior.
Así, tras revisar la ingente documentación de la causa, el magistrado asegura que ha encontrado "datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana", alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.
Documentación
Aguirre cree que hay mucha documentación de la causa aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones entre los investigados y ciudadanos rusos, dejando caer que encargará próximamente nuevas diligencias para acreditar "la veracidad de tales datos".
Por el momento, el juez ya ha podido comprobar que los contactos con altas instancias del Kremlin se llevaron a cabo "tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella".
Uno de esos contactos es la visita que recibió el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de un emisario del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en su residencia el 26 de octubre del 2017, apenas unas horas antes de que, el 27 de octubre del 2017, el Parlamento de Cataluña votara una resolución para declarar la independencia de Cataluña.
Ese individuo se llamaba Nikolay Sadovnikov, un antiguo diplomático ruso identificado por los servicios secretos franceses como un actor de la diplomacia en la sombra que actúa a las órdenes directamente del presidente ruso, y que ha hecho gestiones de diplomacia paralela en países como Siria y Libia.
En la reunión con el presidente de la Generalitat, varios testimonios confirman la oferta que realizó Sadovnikov de varios miles de soldados y de millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas. Elementos estos, que ya se habían apuntado en su instrucción judicial.
Por eso, el juez cree que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos" y concluye que Rusia tenía interés en el procés por su propósito de "desestabilizar la Unión Europea", con "la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos", resume Aguirre en su auto.
Entre los implicados, además de Puigdemont, estarían el antiguo responsable de relaciones internacionales de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Víctor Terradellas; al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay y el informático Jaume Cabani. Estos dos últimos también están investigados en el caso Tsunami Democràtic, instruido por el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional.
De hecho, el instructor del caso Volhov señala a Víctor Terradellas como "la persona de referencia" con estos contactos con Rusia.
Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de "influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso".