El juez Rafael Lasala, encargado de la investigación sobre el caso Ghali, acaba de enviar una comisión rogatoria a Argelia en la que solicita que el país del norte de África aclare si fueron responsables de emitir el pasaporte falso que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, presentó en el hospital de Logroño cuando entró en España de incógnito en abril del pasado 2021, sin pasar por ningún tipo de control.

Según el auto al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza sigue adelante con la investigación por prevaricación y falsedad documental para determinar quién fue el encargado de falsificar el documento del mandatario saharaui. 

Lasala indica que esa comisión rogatoria debe ir acompañada de una fotocopia del pasaporte que se presentó en el Hospital San Pedro de Logroño "a fin de que las autoridades argelinas competentes indiquen si la misma se corresponde en su forma con pasaporte expedido por ellas de manera regular".

Les exige también que le indiquen si el número de pasaporte que figura en tal fotocopia se corresponde con expediente alguno tramitado en el servicio o departamento de tramitación y expedición de dicha documentación.

[El pasaporte que Ghali presentó en el hospital se expidió el mismo día que llegó a España]

El juez recuerda a las autoridades argelinas en su comisión rogatoria que el pasaporte, tal y como reveló EL ESPAÑOL, fue expedido el día 18 de abril del pasado 2021, la misma jornada en la que Ghali llegó a España en un avión procedente de Argelia y en la que logró acceder a territorio nacional sin. pasar por control alguno de pasaportes ni de aduanas. Una operación totalmente de incógnito y cuya sombra continúa alargándose a día de hoy.

El falso Benbatouche

Esta información consta en un oficio de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Logroño, cuyo contenido ya adelantó este periódico, y que obra en la causa del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, donde el juez continúa investigando la entrada en España del líder polisario.

Tal y como declaró la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, investigada en la causa y posteriormente exonerada por la Audiencia Provincial, ya por lo menos cuatro días antes, el 14 de abril, conocía de la existencia de la petición de Argelia para acoger e ingresar a Ghali, enfermo de la Covid-19.

Según consta en el pasaporte falso, Ghali figura bajo el nombre de Mohamed Benbatouche con el título de "Ambassadeur a la retraite", que significa "embajador jubilado". El documento sería válido hasta el 17 de abril de 2025, según la expedición del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia.

En un escrito presentado hace meses ante el magistrado instructor, el abogado que ejerce una de las acusaciones, Antonio Urdiales, planteó: "¿Cómo llegó un pasaporte argelino falso a nombre de Mohamed Benbatouche expedido el 18 de abril en Argel el mismo día al Hospital San Pedro de Logroño?". 

Fotocopia

El juez pide a su vez que en la comisión rogatoria vaya incluida una fotocopia del pasaporte de Ghali que en su momento aportó la Abogacía del Estado a las actuaciones. Lasala busca que, de forma análoga, "las autoridades argelinas competentes indiquen si la misma se corresponde en su forma con pasaporte expedido por ellas de manera regular".

Así, pretende que le indiquen si el número de pasaporte que figura en tal fotocopia se corresponde con expediente alguno tramitado en el servicio o departamento de tramitación y expedición de dicha documentación. Contra el auto del juez cabe recurso.

El pasado mes de mayo, la justicia exoneró de manera provisional a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de toda responsabilidad en el llamado caso Ghali. La Audiencia Provincial de Zaragoza enmendaba al juez instructor y decidía que era preciso eximir a Laya de toda responsabilidad. "Este Tribunal -rezaba el auto- no puede compartir el criterio del Instructor. Si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona".

Eso sí, la Audiencia reconocía que el mandatario saharaui accedió de forma "indudable" a territorio español sin someterse a los controles fronterizo. E iba más allá: "Esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo. Ya se ha dicho que dicha decisión se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal".

Prevaricación

El juez instructor sostenía que lo realmente determinante era desentrañar si se permitió la entrada a España de Ghali a espaldas de la justicia, conociendo que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional y ocultándolo para que no declarase por las mismas y su llegada pasase inadvertida. Por eso mantuvo a Laya investigada por un delito de prevaricación.

Enmendando la plana al magistrado instructor, la Audiencia sostenía que aunque se admitiera que esto ocurrió así, "esto no apuntaría más que a la posibilidad de que fuera el presidente del Gobierno quien ordenara que se adoptaran las medidas oportunas en orden a la entrada y posterior tratamiento del señor Ghali en España, pero no a que las personas que aparecen como investigadas en esta instrucción conocieran que la Audiencia Nacional tenía interesada su localización para ser oído como investigado".

Sin embargo, permitió que Lasala mantuviese la investigación abierta para poder conseguir más pruebas, y que todos los implicados podrían volver a ser imputados en caso de aparecer pruebas de los hechos por los que estaban siendo investigados.