La primera noticia que tuvo Arancha González Laya de que Brahim Ghali se encontraba gravemente enfermo por la Covid-19 fue el pasado 14 de abril. Es decir, cuatro días antes de que el líder del Frente Polisario fuese acogido en España sin pasar ninguna clase de control. Una llamada procedente de una autoridad de Argelia le imploraba ingresar al mandatario saharaui en un centro hospitalario español. Y el Gobierno aceptó.

Este y otros detalles se desprenden de la declaración como investigada, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, de la exministra de Exteriores el pasado lunes ante el juez Rafael Lasala, el instructor del caso. En ella, la exjefa de la diplomacia española actuó como un tapón ante el magistrado que pretende esclarecer si la entrada de Ghali en territorio nacional se hizo de manera irregular.

De ese modo, con su declaración evitó implicar o señalar a ningún otro miembro del Gobierno en las gestiones de este episodio que provocaría más tarde en Ceuta una crisis migratoria sin precedentes.

Eso sí, en su declaración, Laya admitió que a Ghali no se le verificó el pasaporte diplomático, y que no se hizo ninguna comprobación sobre si el líder del Polisario tenía alguna reclamación o algún impedimento para acceder a territorio Schengen. "Es como una cortesía en casos de los que se trata de un vuelo de estado y atendiendo a las necesidades específicas de este caso".

La declaración de González Laya ante el juez del caso Ghali

"No se hizo ninguna verificación de su pasaporte. ¿Hicimos alguna averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación de la entrada en territorio schengen? Pues no, señoría, no lo hicimos", admitió.

Luego incidió en esa idea, para lamentar que les hubiera guiado la confianza en su interlocutor, como muchas otras veces, en las relaciones diplomáticas. "Nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre dos países. Cuando un país tercero nos dice si podemos acoger a un ciudadano suyo en nuestro territorio entendemos que nos hace una petición de buena fe", dijo la exministra. 

"No es ocultamiento"

A preguntas del magistrado, la exministra rehusó contestar en al menos hasta en cinco ocasiones acogiéndose a un acuerdo del Consejo de Ministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el derecho a la reserva en determinados autos. Lo hizo invocando Laya un acuerdo del Gobierno del 15 de octubre de 2010 inspirado en la Ley de Secretos Oficiales que permite convertir determinadas cuestiones en "materia clasificada" o "reservada".

-Siento tener que volver a reiterar y guardar el deber de reserva -dijo Laya-, y no exponer el modo en el que España en el ejercicio de su soberanía toma sus decisiones políticas. 

-Pero en este procedimiento el aspecto político no se cuestiona para nada -le respondía el juez-. El Gobierno es libre de decir quién entra y quién no. Pero es el cómo. Hay un control de pasaportes, esto es el aspecto administrativo. La cuestión no es: "Le vamos a asistir o no le vamos a asistir", la cuestión es, le vamos a permitir la entrada sin controlarlo. ¿Esto también se adoptó por parte de usted?

- Quiero poner de relieve lo excepcional de la entrada de esta persona en su país. Es una petición de un país tercero. En segundo lugar, se trata de una persona que está gravemente enferma. La enfermedad y todas la cuestiones médicas tienen derecho a una protección y a un respeto a la privacidad específico. En tercer lugar, se trataría de un personaje que no es una persona cualquiera. Es una persona con un perfil político. Evidentemente, en cuarto lugar, tenemos dos vecinos para los cuales la relación entre ellos determinada. Y todo eso hace que sea importante, desde la humildad y la buena fe, tratarlo con discreción. 

Ahora bien, Laya quiso remarcar que discreción en el procedimiento no quiere decir "arbitrariedad", ni tampoco a su juicio quiere decir "ilegalidad". "Y desde luego no es ocultamiento". 

Otros casos

La exministra aseguró también ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que "ha habido casos anteriores" de "personas cercanas a Brahim Ghali y personas miembros del Frente Polisario" que "han sido acogidas en España también para tratarse enfermedades" y precisó incluso que "algunas de ellas han fallecido". 

Eso sí, admitió, cuando el juez le preguntó si a Argelia le convenía que Ghali fuese acogido en España, si la acogida en realiad obedecía a motivos humanitarios o estratégicos, que no era la primea vez que se recurre a España para asuntos de esta índole a nivel humanitario. Dijo que lo inusual era, en este caso, a diferencia de otros ciudadanos saharauis, que fuera un tercer país el que solicitara la acogida de uno de ellos.

El juez, en su interrogatorio, continuó tratando de averiguar qué otras personas en el seno del Gobierno tomaron con ella esa decisión. Laya se escudaba una y otra vez en la Ley de Secretos Oficiales. Aún y todo dio a entender que se produjo un debate entre varios cargos importantes del Gobierno.

También argumentó que, al venir en un vuelo de Estado, un avión del gobierno de Argelia, existía justificación para no pedirle el pasaporte. Ahí el juez resaltó que quizás Argelia hubiera empleado tal método buscando precisamente ese fin.

Lo que sí quedó claro, a juicio de sus palabras, es que Laya no verificó si Ghali tenía causas pendientes en España, ni cuáles eran, independientemente de su posterior recorrido judicial. Nunca hizo tales verificaciones.

Hace tan solo un mes, cuando imputó a la ministra en el caso, el juez pidió a la oficina Sirene de España -un órgano cuya finalidad principal es el intercambio de información y operar como órgano de comunicación bilateral con otros países del espacio Schengen- que le especifiquen si en el momento de la acogida existía alguna orden de detención o de localización contra el líder del Frente Polisario. No hay por el momento respuesta, y la ministra según ella ha declarado, nunca hizo esa comprobación. "Está muy bien ser humanitario -le señaló el juez-, pero hay unas obligaciones con los otros países, estamos vinculados, hay un tratado internacional".

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