La Comisaría General de Información de la Policía Nacional investigó al mayor experto español en efectos especiales cinematográficos -y ganador de nueve premios Goya-, Reyes Abades, al confundirlo con un traficante de armas.

Tras obtener una orden judicial para intervenir llamadas telefónicas, la Policía estableció en noviembre de 2016 un dispositivo de vigilancia en torno a la tienda de coleccionismo Cantábrico Militaria, de Getxo, ante la sospecha de que este establecimiento vendía armas a redes de delincuencia internacional.

Los agentes tomaron fotografías de un sujeto que visitaba la tienda, al parecer interesado en adquirir algún arma, y las incorporaron a las diligencias.

Finalmente, basándose en los informes policiales, el juez ordenó en enero de 2017 la detención de los propietarios de Cantábrico Militaria, Manuel Prieto Valle y su hija, Amaya Prieto. Ambos permanecieron tres meses en prisión preventiva, acusados de tráfico, depósito y tenencia de armas ilegales.

'El laberinto del fauno'

Cuando la Policía mostró a Amaya Prieto la foto del misterioso visitante que había acudido a su tienda, la mujer no tuvo ninguna duda en identificarlo: se trataba del experto en efectos especiales Reyes Abades, interesado en armas de época y material de atrezo para una de sus películas.

Abades estaba inmerso en aquel momento en la producción de dos películas: Oro (ambientada en el siglo XVI durante la conquista de América y basada en una obra de Arturo Pérez Reverte) y Zona hostil, que relata un incidente real en el que se vieron envueltas en 2012 las tropas españolas desplegadas en Afganistán.

El experto en efectos especiales había acudido a la tienda que le surtía habitualmente de las armas de guerra y uniformes utilizados en sus películas.

Cantábrico Militaria ya había proporcionado en 2006 a este técnico las armas que aparecen en las escenas de la Guerra Civil de El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, por la que Reyes Abades obtuvo un Goya en efectos especiales.

La llama olímpica

A lo largo de su trayectoria, Reyes Abades fue galardonado con ocho estatuillas más del cine español, por su trabajo junto a los más prestigiosos directores. Ha recibido el Goya en efectos especiales por títulos como ¡Ay, Carmela! (1990) de Carlos Saura; Beltenebros (1991) de Pilar Miró; El día de la bestia (1995) de Álex de la Iglesia; y Balada triste de trompeta (2010), del mismo director.

Reyes Abades también ha sido el responsable de los efectos especiales de la película basada en la más conocida colección de novelas de Arturo Pérez Reverte, Alatriste (2016). Del mismo modo, fue el responsable de diseñar el encendido del pebetero de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, que ardió con una flecha lanzada por Antonio Rebollo.

Cuando tuvo conocimiento de que la Policía le había confundido con un traficante de armas, Reyes Abades acudió a declarar voluntariamente a Comisaría, para aclarar su relación con Militaria Cantábrico. El galardonado experto en efectos especiales falleció pocos meses después a la edad de 68 años, en febrero de 2018, cuando todavía permanecía abierta la investigación.

Como ha informado EL ESPAÑOL, la Policía se incautó de 10.622 armas en el registro de las instalaciones de Cantábrico Militaria y presentó la operación como el mayor golpe contra el tráfico ilegal de armas de guerra de Europa.

Azaña y las espadas samuráis

Sin embargo, tras esta operación, los Tedax de la Policía Nacional remitieron al juez un informe en el que admitían que, de las 10.622 armas intervenidas, sólo nueve se encontraban en condiciones de disparar.

El grueso de este arsenal son armas anteriores a 1890, que están consideradas por la Ley como armas históricas o de antigüedad: estaban destinadas a museos, coleccionistas privados o utilizadas como atrezo en el rodaje de películas.

La colección incluye joyas como la pistola utilizada por el presidente de la Segunda República Manuel Azaña o varias espadas japonesas procedentes de los combates de Cagayán de 1582, en los que los tercios españoles se enfrentaron a samuráis en las islas Filipinas.

El titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Getxo ha dictado ahora el sobreseimiento libre de la causa (y ha dejado libres de cualquier cargo a Manuel Prieto y su hija), después de que el perito forense de la defensa, José Jiménez Planelles, acreditara que ni una sola de las más de 10.000 armas intervenidas está en condiciones de disparar.

Rumbo a Las Vegas

La hija del propietario de Cantábrico Militaria, Amaya Prieto, explicó a la Policía que su tienda compraba buena parte de las armas expuestas en subastas del Ejército y de la Guardia Civil, como material obsoleto.

La Policía se interesó especialmente por las contadas operaciones que Cantábrico Militaria había realizado en el extranjero. De hecho, cuando fue detenida, Amaya Prieto se disponía a viajar a Las Vegas (Nevada) para vender una partida de Cetmes inutilizados con el procedimiento legal previsto: realizando tres perforaciones en el cerrojo y el cañón.

Los ejemplares inutilizados de este fusil, que el Ejército dejó de utilizar en los años 90, apenas tienen salida en España, donde alcanzan un precio de 300 euros en el mercado de coleccionistas. En cambio, en EEUU Cantábrico Militaria tenía previsto venderlos por un precio que ronda los 2.000 euros.

Amaya Prieto pudo acreditar que había realizado cerca de 20 llamadas a la Guardia Civil para comunicar los detalles de la operación. La mujer explicó a la policía que estas armas se envían a EEUU en los llamados "maletines de respeto", con las piezas desmontadas para que puedan ser examinadas en la aduana, pero sin componentes esenciales.

Sellos de la Guerra Civil

Ya en 2012, su empresa había enviado a EEUU, con la correspondiente licencia de exportación, una partida de armas obsoletas procedentes de una subasta de la Ertzaintza. Del mismo modo, había vendido años atrás a una empresa de Austria 3.000 fusiles Cetme inutilizados.

La Policía acusó a Amaya Prieto y su padre de falsedad documental, porque en su domicilio había hallado un sello que podía ser utilizado para extender certicados falsos de armas. En realidad, en los expositores de Cantábrico Militaria había decenas de sellos antiguos para coleccionistas, algunos de la Guerra Civil o incluso del siglo XVIII.

Finalmente, a petición de la Fiscalía, el juez ha dictado el sobreseimiento libre de la causa y ha dejado libre de cargos a Amaya Prieto y su padre, tras constatar que la totalidad de las  10.622 armas intervenidas están inutilizadas y no representan ningún peligro: sólo se cobran vidas en la pantalla de cine.

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