Varios etarras que el año pasado cumplían condena en la prisión de Puerto I, en el Puerto de Santamaría (Cádiz), recurrieron a una doctora y antigua dirigente de Herri Batasuna para que les realizase informes médicos que reflejasen problemas de salud física o mental.

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Un informe elaborado por funcionarios de prisiones al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revela que esos informes médicos fueron utilizados posteriormente para que se les aplicase a los terroristas el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario recomendando así su acercamiento al País Vasco. 

En el documento se explica cómo, en el verano de 2020, varios presos etarras solicitaron a la dirección de la cárcel gaditana la autorización para que una facultativa de la sanidad del País Vasco pasase a ser su médico personal.

La doctora en cuestión, Matilde Iturralde Martínez de Lizarduy, fue una destacada integrante de Herri Batasuna, brazo político de ETA en los años más duros de la banda terrorista. En 1997 fue condenada por el Tribunal Supremo, junto a otros 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, a una pena de siete años de prisión por un delito de colaboración con banda armada. Dos años después resultó absuelta por el Tribunal Constitucional.

El informe detalla que estas peticiones para ser tratados por Iturralde Martínez de Lizarduy comenzaron a producirse después de una visita a la prisión de miembros de EH Bildu. Tras ese encuentro, autorizado por el Ministerio del Interior, los terroristas, según las fuentes consultadas, comenzaron a presentar las instancias.

Las fuentes consultadas en el ámbito penitenciario aseguran que esta estrategia fue clave, a la postre, para "romper con la política de dispersión penitenciaria y lograr el acercamiento progresivo y constante a cárceles del País Vasco". Este periódico, a su vez, se ha puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias para intentar recabar su versión, pero no se ha obtenido respuesta alguna.

El caso de Zabalo

La documentación a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL incluye la petición de uno de esos etarras para ser atendido por la doctora Iturralde Martínez de Lizarduy. Se trata de Javier Zabalo Beitia, que cumple condenas de 72 años por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga que no llegó a explotar. No cumpliría las tres cuartas partes de la pena hasta julio de 2028.

Fue el pasado 8 de junio de 2020 cuando Zabalo remitió su carta a la dirección de la cárcel pidiendo "designar como médico de confianza" a la doctora en cuestión. En esa carta delegaba "la posibilidad de realizar cuantas gestiones resulten pertinentes en relación a mi estado de salud, entre ellas y particularmente ponerse en contacto con y recabar información de los servicios médicos del centro penitenciario en el que me encuentro".

A su vez, la autorizaba a "solicitar y obtener información referente a cualquiera" de sus expedientes médicos. Las fuentes penitenciarias consultadas aseguran que instancias como esa fueron las que presentaron los internos etarras de esa prisión, recurriendo todos a la misma doctora.

Para solicitar el artículo 100.2 -en cuyo enunciado se precisa que versa sobre la clasificación penitenciaria y el principio de flexibilidad- se precisa que es preciso aportar documentos que avalen dicha concesión de flexibilidad regimental, como pueden ser informes médicos que reflejen problemas de salud.

La solicitud de uno de los internos. EL ESPAÑOL

Tras obtener informes médicos favorables a sus intereses y una nueva visita de diputados de EH Bildu, los presos etarras solicitaron que se les aplicase el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este concede una mayor flexibilidad al régimen de los reos.

Así sucedió al poco tiempo, lo que posibilitó que a todos se les fuera trasladando a prisiones próximas al País Vasco. En el caso de Zabalo Beitia, fue acercado a la cárcel de Valladolid.

Las fuentes consultadas aseguran que los etarras gozaban de un estado de salud "envidiable", hasta el punto de que no era extraño para los funcionarios verlos "todo el día" en el gimnasio. Entienden que lo que ha sucedido es que "se ha solicitado la intervención de esta médico para que elabore informes periciales" con la "clara intención" de "aportarlos en una eventual propuesta de modificación de régimen penitenciario", utilizando, para ello el cauce del ambiguo y ya citado 100.2.

El informe en cuestión recuerda que el derecho a que los internos soliciten la asistencia de profesionales del entorno privado está reconocido, pero que la facultad para conceder esa petición depende de los directores de las cárceles, pues la cobertura sanitaria está plenamente garantizada con los médicos de las prisiones. Además, es un caso poco frecuente. 

En Puerto III y en Algeciras

Las fuentes consultadas apuntan a que ocurrió lo mismo en las prisiones de Puerto III y de Algeciras, donde tampoco queda ya ningún miembro de la banda terrorista después de los traslados de los últimos tres años. 

Hasta el año 2020, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependía de la Secretaría de Estado de Seguridad, al igual que la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil. Pero en 2020 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impuso "un cambio operativo sin precedentes", asumiendo él mismo el mando de Prisiones.

Los etarras acercados desde la prisión de Puerto 1 son Julián Achurra Egurola (el único que tenía justificado el artículo 100.2 dado su mal estado de salud, según las mismas fuentes), Gárate Galarza, Lerín Sánchez, José Ordóñez Fernández, Fernando Elejalde Tapia, Jon Zubiaurre Aguirre, Jon Gurtubay, Celarain Alvarado, Almaraz Larrañaga y el ya citado Zabalo Beitia.

En la prisión de Puerto III había otros 10 etarras, y en la de Algeciras, una decena. Todos habrían seguido el mismo modus operandi con la aquiescencia de las autoridades de Instituciones Penitenciarias. 

Hace unos días, el ministro del Interior defendió ante el Consejo de Europa su "adecuado cambio de política penitenciaria" con el acercamiento de presos de ETA, quedando sólo 19 dirigentes de la banda terrorista cumpliendo condena en prisiones situadas a más de 200 kilómetros del País Vasco. En tres años se ha pasado de 212 internos en régimen cerrado a ocho, y de sólo uno en régimen abierto a un total de 14.

Dos semanas atrás, Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, remarcaba que su intención era conseguir liberar a los 200 presos de la banda terrorista que siguen en la cárcel a día de hoy. "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo".

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