La Plataforma Seguridad Privada España, el principal colectivo de vigilantes, acaba de presentar una denuncia contra Pablo Iglesias y otros cargos de Unidas Podemos. Según aseguran en esta asociación, el partido podría haber vulnerado la Ley de Seguridad Privada por la contratación de los dos miembros de su equipo de seguridad que fueron detenidos el pasado 15 de abril en los disturbios durante el mitin de Vox en Vallecas de principios de abril. 

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Los detenidos, Alberto R.R., y Daniel J.J., figuran en la Seguridad Social dados del alta como trabajadores de Podemos, aunque desde la formación solo reconocen esa relación con uno de ellos, que haría las veces funciones de chófer o conductor. Sin embargo, y según diversos medios, ambos ejercerían también como parte de la escolta personal de Pablo Iglesias.

La denuncia de Plataforma Seguridad Privada España, que representa a miles de empleados del sector, se suma así a las presentadas este lunes por los sindicatos Solidaridad y Alternativa Sindical ante la Delegación del Gobierno.

Como recuerdan desde Alternativa Sindical y también desde la Plataforma Seguridad Privada, Unidas Podemos "no puede contratar directamente a sus escoltas si no es a través de una empresa de seguridad homologada y habilitada por el Ministerio del Interior".

"Que el partido de Pablo Iglesias haya contratado o empleado servicios de empresas de seguridad carentes de la autorización específica es considerado como una infracción grave", dicen desde ese colectivo aa EL ESPAÑOL.

Por eso quieren que la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, encargada entre otras tareas de investigar y detectar a personal que presta servicios de seguridad careciendo de habilitación, indague en los expedientes de los dos detenidos.

"No son escoltas"

El artículo 10 de la Ley 5/2014 prohíbe expresamente "el ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional". El incumplimiento de este precepto constituiría una "infracción muy grave".

Plataforma Seguridad Privada España, tras denunciar el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada ante el Ministerio del Interior, asegura que, de demostrarse ese presunto incumplimiento, la formación de Iglesias se enfrentaría a una o varias faltas muy graves con penas de 30.000 a 600.000 euros.

"No son escoltas públicos ni privados, son delincuentes. Estaban agrediendo a agentes de Policía Nacional y no ejerciendo ninguna función de protección", apunta Miguel Ángel López, coordinador nacional del colectivo.

Desde esta plataforma quieren saber si Podemos contrató directamente a sus escoltas privados, y no a través de una empresa de seguridad homologada y con su acreditación correspondiente.

"Hasta donde sabemos, Iglesias utiliza un servicio de escolta paralelo al oficial, lo podemos denominar 'extraoficial', que se salta la Ley de Seguridad Privada y contrata personal sin acreditar y sin empresas de seguridad de por medio, directamente entre radicales ultras del Rayo Vallecano", indican desde esta asociación. 

Las detenciones

El pasado 15 de abril la Policía detuvo a cinco radicales por los disturbios que tuvieron lugar en Vallecas durante el acto que celebró Vox en la denominada Plaza Roja. Ocho días después, tras las indagaciones realizadas por la Brigada Provincial de Información (BPI), practicaba nuevas detenciones.

Sin embargo, las identidades de los radicales arrestados en aquellas protestas no salieron a la luz hasta 15 días más tarde. Fue este sábado 1 de mayo cuando se supo que entre los detenidos había al menos dos personas vinculadas al entorno de Podemos

Durante dos semanas, mientras se ofrecieron todo lujo de detalles sobre las amenazas a distintos miembros del Gobierno y líderes como Pablo Iglesias con cartas que incluían balas o una navaja, en Interior no consideraron oportuno revelar que entre los detenidos de Vallecas había dos personas vinculadas al hasta ahora vicepresidente segundo.

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