La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de salud de Galicia que haría obligatoria la vacunación contra la Covid-19 en la región.
El Gobierno había preguntado hace unas semanas al Consejo de Estado sobre la posible constitucionalidad de esta modificación de ley, y es ahora cuando el Ejecutivo se ha pronunciado a favor de presentar este recurso tras el dictamen de este órgano
Según defiende el Gobierno, la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.
El Ejecutivo cree que la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del estado de alarma, las CCAA ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria "como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria de sus competencias".
También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución.
Respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, también se entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado, no considera la estrategia de vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial que recoge que la vacunación será voluntaria.
"Vaya idea de cogobernanza"
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el Gobierno después del anuncio: "Vaya idea de cogobernanza", ha reprochado.
En un tuit tras conocerse la noticia, Feijóo se ha pronunciado públicamente al respecto de la decisión del Consejo de Ministros de este martes: "Tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia, el Gobierno tampoco deja actuar a las comunidades y recurre la Ley gallega de salud, en plena Semana Santa y sin abrir una negociación ni dirigirse a la Xunta. Vaya idea de cogobernanza", ha manifestado a través de esta red social el mandatario autonómico, que ha presidido este martes el comité clínico que asesora al Gobierno gallego en la toma de decisiones en la pandemia.
Precisamente, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al comité clínico, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha lamentado que el Gobierno central haya decidido elevar al Tribunal Constitucional la Ley gallega de salud, recientemente modificada en el Parlamento de Galicia para incorporar legislación sobre la pandemia, y no haya buscado previamente el diálogo con la Comunidad autónoma a través de la comisión bilateral en la que se debaten los conflictos de competencias.
El conselleiro de Sandiade ha lamentado que "casi" conocen por los medios de comunicación. Además, ha indicado que apenas hubo un contacto "formal" con el Ejecutivo central.
Derechos fundamentales
El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo de 2021.
El Ejecutivo plantea la impugnación al considerar que la norma autonómica gallega introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución española están reservadas a una Ley Orgánica.
En este punto, la norma autonómica "regula pormenorizadamente" los mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública ante crisis sanitarias con respecto a la legislación estatal, "incidiendo sobre los derechos fundamentales de una manera que no se puede considerar un mero desarrollo de la Ley Orgánica estatal.
Aquí, ponen de ejemplo el artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter "a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización". También el artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública, la ley autonómica vulnera la reserva de la Ley Orgánica.
Asimismo, el Gobierno también cree que serían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.