El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha pedido una política de derivaciones hacia el resto de Comunidades Autónomas para poder compartir la carga de la migración irregular que está sufriendo el archipiélago, donde han llegado en lo que va de año unas 18.000 personas a bordo de pateras y cayucos.

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Así lo ha afirmado este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde añadió que las islas están dispuestas a asumir la parte que le corresponda de una manera razonable de solidaridad y atendimiento a los inmigrantes africanos.

"Canarias de ninguna manera rehúsa contribuir y colaborar. No es nuestra posición la de decir que no aceptamos ninguna de las complicaciones que se derivan de la situación de la inmigración irregular". Pérez resaltó que de la misma manera que afirma esto, el Gobierno regional dice también que el resto de España y de Europa "debe asumir su parte".

Recordó aquí que la propia Unión Europea despliega una política y propone acuerdos para repartir la carga que significa la inmigración entre todos los territorios. "Esto, que lo dice Europa para el conjunto de los países, lo dice Canarias para el conjunto del territorio nacional", aseveró.

"Necesitamos unas actuaciones concretas, como la mejora de los espacios en los que se atiende a los inmigrantes y una política de derivaciones hacia el resto del territorio nacional que haga efectivo esta demanda de compartir", comentó Pérez.

Arguineguín

En cuanto a lo ocurrido el pasado martes, cuando se liberó a unas 227 personas que permanecían en el Muelle de Arguineguín sin dinero, comida ni sitio donde dormir, el portavoz señaló que se trató de una anomalía por la que Canarias no ha recibido aún una respuesta. "Pero se nos anuncia que la habrá", expuso.

Además, respecto a los migrantes que viajaron de Gran Canaria a Tenerife para coger un barco a Huelva, donde no se les dejó embarcar, señaló que la Delegación del Gobierno ha insistido en que varias decenas de ellos pudieron viajar a la península.

"Insisten desde la Delegación en que no se trataba de una medida radical pero, en cualquier caso, no nos parece que lo que ocurrió fuera algo que deba admitirse", sentenció

Menores migrantes

Sobre los menores migrantes no acompañados, Canarias cuenta en la actualidad con 21 recursos alojativos en los que se ofrece atención a un total de 1.962 menores. Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un informe sobre la situación de la atención a los menores extranjeros no acompañados en el que se proponen un conjunto de medidas de actuación dirigidas tanto al Estado como a la Comisión Europea.

En dicho informe, se recogen las actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar la atención y acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan en pateras y cayucos hasta las costas del Archipiélago, y se enumeran las fórmulas y propuestas dirigidas tanto al Estado español como a la Comisión Europea.

Canarias, continúa el documento, necesita "con urgencia contar con recursos tanto por parte del Estado como de la Unión Europea que permitan sufragar los costes que debe afrontar Canarias para hacer frente a esta crisis, ya que actualmente no existen fondos ni programas a nivel europeo que ayuden a las regiones en el apoyo con estos menores".

En concreto, la propuesta formulada solicita al Estado español la firma de un Convenio de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Canarias, sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados que recoja dos puntos: la derivación solidaria de, al menos, 500 menores entre las comunidades autónomas; y un fondo específico del Estado para ayudar en la gestión de estos niños y niñas, tal como se articuló en el año 2008.

De igual modo, se pide al Estado que eleve a la Comisión Europea la solicitud de fondos específicos para Canarias dentro de los remanentes de los fondos de emergencia de la Comisión Europea a fin de poderlos comprometer antes de finales de este año.

Finalmente, a la Comisión Europea se le solicita que destine en el marco de esos fondos, una partida creíble y urgente que ayude a nuestra región a gestionar la tutela y atención a estos casi 2.000 menores extranjeros no acompañados.