A punto de que se cumplan siete años de la trágica muerte de dos jóvenes melillenses a balazos por la Marina Real mientras navegaban con permiso en aguas marroquíes, la Audiencia Nacional ha ordenado la busca y captura e ingreso en prisión de los tres militares presuntos autores de los disparos.

El auto del juez José Luis Calama con fecha de 18 de septiembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, mantiene que la causa de la muerte de los jóvenes fue por "disparos por arma de fuego, efectuados presuntamente por uno o varios miembros de la Marina Real de Marruecos, a bordo de una patrullera".

El escrito supone un alivio para los padres de las víctimas, que llevan luchando desde 2013 para que ambos países reconozcan los hechos. "No queremos crear un problema diplomático ni enfrentar a España y Marruecos, simplemente que sean juzgados quienes dispararon hasta 41 balazos contra nuestros hijos, que solo venían de divertirse con amigos en Saidia (Marruecos), y saber qué ocurrió", mantiene uno de los progenitores.

Abdeslam Ahmed Ali (24 años) y Mohamed Amin Mohamed Driss (20 años), conocidos como Pisly y Emin, perdieron la vida el 27 de octubre de 2013 mientras navegaban en una embarcación con matrícula y bandera española en Punta Negri (Nador).

"Ambas víctimas fallecieron presuntamente como consecuencia de los disparos que recibieron desde la patrullera 116 del 5º regimiento de la base naval de Alcazarseguir, en el Reino de Marruecos", refleja el auto judicial.

"Estaban volviendo de un puerto de Saidia donde habían sellado el pasaporte a Melilla", precisa en una entrevista telefónica con EL ESPAÑOL Abdeslam Ahmed, padre de Pisly. Efectivamente, en el auto consta que estaban navegando de manera regular cuando fueron interceptados por una patrullera costera de la Marina Real marroquí en Beni Ensar, de vigilancia rutinaria, destinada a la lucha de la inmigración irregular y el tráfico internacional de drogas.

"Las autopistas se contradicen. Mi hijo envió una foto una hora antes de que los asesinasen y no tenía nada en la cara; al ir a reconocerlos en el hospital tenía la cara con golpes y hematomas. Los apalearon y les dispararon a bocajarro, y los quisieron hacer desaparecer", añade el padre de Pisly.

Delitos de homicidio

Según un informe de la Gendarmería Real, que investigó el suceso en Beni Ensar, "la lancha rápida con motor de los fallecidos era sospechosa, tras no obedecer y darse a la fuga", y admite que los chicos murieron "tras recibir impactos de bala por parte de los agentes".

En concreto, el comandante de la embarcación, Mounir Tisman (45 años), "efectuó cinco disparos de aviso para obligar a las dos personas a bordo de la lancha a detenerse. Sin embargo, no obedecieron y continuaron su marcha, por lo que sucedieron los disparos por parte de dos componentes de la misma patrullera". Esos dos componentes son los otros requeridos por la Justicia: el sargento Aziz El Mals (48 años), que disparó 26 balas en dirección a la embarcación, y el sargento Mouhcin Brioul (30 años), otros 15 proyectiles. En total, realizaron hasta 41 disparos.

Los militares se encuentran en Marruecos, pero no han sido llamados a declarar por los hechos que se les imputa, ya que las autoridades marroquíes han denegado hasta en tres ocasiones la solicitud. Por ello el juez ha emitido contra ellos "órdenes europeas e internacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión".

El magistrado estima que se trata de "sendos delitos de homicidio castigados con pena de prisión de diez a quince años" y exigie "el ingreso en prisión preventiva".

La Justicia española asumió el asunto porque las víctimas eran españolas, y su zodiac tenía bandera y matrícula españolas. Marruecos abrió un procedimiento penal que archivó en 2014, pero las autoridades rechazaron facilitar la información requerida en comisiones rogatorias por la Audiencia Nacional alegando que se trata de "asuntos que Marruecos considera que pueden perjudicar a su soberanía, su seguridad o su orden público".

Sin rastro de los móviles

La Gendarmería marroquí hizo un informe del caso. Según explica Abdeslam, "tras los disparos de la Marina Real, llegó la Gendarmería que fue quien realizó en Nador este informe, que es lo único a lo que hemos tenido acceso. Después, el expediente se trasladó a Rabat y ni siquiera hemos recuperado las pertenencias". De hecho, las víctimas llevaban tres móviles, y las familias no han podido recuperar ni tan siquiera los dispositivos, el GPS o la radio con la que navegaban.

Para uno de los abogados de la defensa, Mohamed Zian, ex ministro de Derechos Humanos en Marruecos, "el fallo de Marruecos estuvo en no aceptar la vía administrativa y pagar una indemnización, como hizo hace dos años con la joven de Tetuán, Hayat", una estudiante que perdió la vida en septiembre de 2018 por los disparos de la Marina Real cuando intentaba llegar a Europa en una patera.

"Contactamos con los diferentes gobiernos, con ministros, diputados y diplomáticos de ambos países sin recibir respuesta", denuncian los padres. Durante una conferencia del ex juez Baltasar Garzón en Melilla, consiguieron convencerlo para que llevara el caso.

Por su lado, "desde los sucesos, en 2013, el Ministerio ha seguido de cerca este caso y ha acompañado a las familias de los fallecidos”, responden desde Exteriores a las consultas de EL ESPAÑOL, sin querer entrar a valorar el auto que solicita la entrega de los tres militares de la Marina Real. "España es un Estado de Derecho pleno y el Ejecutivo no puede entrar a valorar las decisiones tomadas por los otros poderes del Estado en el ejercicio de sus funciones", señalan.

Los padres no pierden la esperanza de que finalmente se haga justicia y puedan descansar "conociendo lo que realmente pasó y viendo a los culpables pagar por ello".

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