Ni 155 ni estado de alarma. El Gobierno y la Comunidad de Madrid buscan a contrarreloj una tregua definitiva que les permita consensuar medidas para contener la expansión del covid en la capital y ofrecer a los madrileños una solución conjunta y coordinada para frenar la segunda oleada del covid.
Durante todo el sábado hubo contactos "al máximo nivel" entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid en busca de ese acercamiento, según adelantó este domingo EL ESPAÑOL. A media mañana, era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien pedía "un alto el fuego político" para buscar soluciones a la expansión de la pandemia en Madrid. Minutos antes, el 'número dos' del Ejecutivo madrileño había conversado por teléfono con los ministros Salvador Illa y Carolina Darias para reclamarles la vuelta al entendimiento.
El ministro de Sanidad se ha referido también a esta nueva vía de comunicación abierta con Madrid. "Desde la máxima lealtad institucional, hemos emplazado a revisar las medidas anunciadas y a seguir las recomendaciones de los científicos y sanitarios", reclamó desde las redes sociales. En la misma línea se manifestió la ministra de Política Territorial y Función Pública, que subrayó que el Gobierno de España "siempre está dispuesto a ayudar" y recordó que "esta es una guerra epidemiológica, no ideológica".
El consejero de Sanidad mantiene un escrupuloso silencio. Ha sido el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, quien ha pedido al Gobierno de España y al ministro Illa que "demuestren su lealtad regresando a los espacios de colaboración constituidos con Madrid y no amenazando con actuaciones de difícil encaje legal".
Soluciones
A pesar de las evidentes discrepancias, en las dos administraciones no descartan que "a lo largo de este domingo" el ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa y la consejería madrileña del ramo que lidera Enrique Ruiz-Escudero lleguen a un principio acuerdo con nuevas medidas que agrade a los dos lados y que sean presentadas a principios de semana. Esa es, al menos, la predisposición con la que miembros de sendos gabinetes han estado intercambiando impresiones durante todo el sábado.
La dimisión irrevocable del Fernando Simón madrileño, Emilio Bouza, adelantada por EL ESPAÑOL, ha servido para que las dos administraciones se replanteen sus estrategias y frenen la escalada de tensión que ha protagonizado la región más castigada por la pandemia durante los últimos días. La refriega pública que este científico ha hecho con su renuncia al equipo de Pedro Sánchez y al de Isabel Díaz Ayuso ha provocado un efecto positivo: que los dos equipos entiendan que los motivos de su dimisión son sus diferencias y retomen la senda del entendimiento.
Cierre a las 23.00
Una de las opciones que están estudiando Sanidad y la consejería regional es, según ha podido confirmar este diario, cerrar los restaurantes de la Comunidad de Madrid a las 23.00 horas y no una hora antes, como recogía la recomendación del ministerio de Sanidad. Los dos departamentos también están evaluando que las barras de los bares y restaurantes se clausuren o permanezcan abiertas dependiendo del nivel de incidencia de la zona en la que se ubique el local.
El Gobierno central y Madrid buscan esta salida coordinada tras unos días de fuertes discrepancias públicas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ofreció este sábado una rueda de prensa para dar un ultimátum a Madrid y pedirle que rectifique antes del lunes. Si no se logra un acuerdo, Moncloa ya ha mostrado su disposición a tomar el mando de la región para hacer frente a la pandemia.
La ley de Nueva Normalidad
El equipo de Pedro Sánchez ya trabaja sobre el hipotético escenario de controlar Madrid. El Ejecutivo no aplicará el artículo 155 en la región, como hizo con Cataluña cuando celebró un referéndum ilegal. Ni siquiera decretará el estado de alarma para la capital.
El Ejecutivo aplicará el artículo 65 de la ley de Nueva Normalidad que establece que la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades afectadas. Según ese artículo, en situaciones de urgente necesidad, el Gobierno puede tomar "las medidas que sean estrictamente necesarias y se les informará de manera urgente de las medidas adoptadas".
El ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid prefieren no hablar todavía si la salida de Bouza dinamita el grupo de trabajo creado por ambas administraciones para buscar soluciones a la crisis. A juicio del equipo de Ayuso, "el Gobierno ha dinamitado esos grupos de trabajo al violar todo lo pactado para el funcionamiento de trabajo que se había consensuado. Han dejado los criterios técnicos a un lado y han optado por los políticos". Si hay voluntad real de entendimiento o no se podrá visibilizar en las próximas horas.