Factura fantasma en Vox: ¿contrató a la empresa del candidato en Zaragoza por 1,3 millones o por 13.000€?

Desde fuera, en apariencia, es una empresa relativamente modesta. No tiene más que un pequeño local en Zaragoza y en su página web sólo figuran un par de direcciones de contacto. Y ya; ni proyectos en los que ha participado ni intentos de vender sus servicios como de los mejores en el sector. Sin embargo, su actividad está ahora en el punto de mira del Tribunal de Cuentas. Se trata de Comunica2arte y el órgano fiscalizador ha caído en ella por no presentar facturas de servicios aportados a Vox. Pero hay más, y es que el propietario pertenece a las mismas filas de la formación de Santiago Abascal.

En uno de los últimos informes que el Tribunal de Cuentas ha presentado se recoge que Comunica2arte, una empresa de marketing, realizó un servicio para Vox en las pasadas elecciones europeas -celebradas el 26 de mayo de 2019- y que no ha presentado la factura de ello. Según el Tribunal, el dinero no declarado asciende a 1,3 millones de euros. Por su parte Vox defiende que se trata de un error y que la cifra real es de 13.000 euros. Todo se debería a un supuesto baile de puntos y comas.

Sin embargo, EL ESPAÑOL ha podido comprobar que, independientemente de la cifra, el propietario de la empresa, Juan Manuel Soriano, ha sido candidato de Vox en Zaragoza en al menos dos citas electorales: las municipales y las generales al Senado, ambas en 2019. Es decir, la formación de Santiago Abascal ha utilizado dinero público para contratar a uno de sus propios candidatos.

Esto se conoce después de que el órgano supremo de las cuentas del sector público haya fiscalizado los gastos de los partidos políticos relativos a los distintos procesos electorales que se celebraron en 2019. El resultado es, cuanto menos, llamativo: un total de 73 empresas que han trabajado para PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular y Vox en aquellas citas electorales no han justificado debidamente su trabajo.

La factura más grande

Entre todas ellas, la que más destaca es la empresa de Juan Manuel Soriano ya que los presuntos 1,3 millones de euros la convertirían en la factura más grande de todas las que hay sin declarar. Al margen de que la cifra sea realmente así o menor, no deja de resultar sorprendente el hecho de que, el mismo día que su empresa realizaba dichos trabajos para Vox en las europeas, él concurría como número siete en Zaragoza en las listas de las municipales y ya lo había hecho un mes antes, en abril, como suplente de la número dos en la lista para el Senado.

Este diario se ha puesto en contacto con Soriano y, aunque afirma que sí ha sido candidato de Vox, asegura al igual que la formación que lo demás se trata de un error. Según su versión, los servicios no han sido de 1.352.528 euros sino de 13.525,28. Soriano apunta a que alguien se equivocó en una transcripción, que obvió la coma que separa los 28 céntimos y que por eso asciende a una cifra millonaria.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas no se detiene tanto en la cantidad de euros como en el hecho de que la factura no se ha aportado. Cuando se le pregunta por este extremo, Soriano argumenta que sí que se ha presentado la factura, contradiciendo así toda la información que ha publicado el Tribunal de Cuentas, pero sin aportar más pruebas.

En toda esta situación extraña no resta el hecho de que ha sido candidato de Vox hasta en dos ocasiones. No se trata de una práctica ilegal pero sí de ética cuestionable. En política no suele gustar cuando un partido contrata con dinero público a sus allegados, menos aún si además son candidatos. De hecho, Vox es uno de los más críticos al respecto y califica estas prácticas como “chiringuitos”.

Sin concejalía

Aunque sin juicios y acusaciones de financiación irregular de por medio, esta situación de Vox se parece enormemente a la que está viviendo estos días Unidas Podemos. También el Tribunal de Cuentas descubrió a mediados de agosto varias irregularidades contables y facturas sin justificar en las pasadas elecciones generales de abril de 2019. Entre las empresas salpicadas por la presunta trama corrupta destacan Kinema, fundada por Rafael Mayoral y cuya vicepresidenta es la imputada Rocío Val, y Neurona, una consultora relacionada con el histórico de la formación Juan Carlos Monedero.

Por su parte, Juan Manuel Soriano ha dedicado su vida profesional al marketing, pasando por numerosas empresas desde que empezó su vida laboral en 1996. Todos los cargos que ha ido ocupando en la empresa privada, los ha ido compaginando con su presencia en su propia empresa Comunica2arte desde el mismo 1996. La empresa está dedicada al sector del marketing y, además de a Vox, ha prestado servicios a Vocento, Telefónica, Fox y Vodafone Portugal entre otras.

En su vertiente política Juan Manuel Soriano no ha corrido el mismo éxito que en lo profesional. En las mismas elecciones municipales de 2019 a las que se presentó, Vox quedó la quinta fuerza obteniendo sólo dos concejales, muy lejos de llegar al séptimo puesto que él ocupaba. Sin embargo, el Partido Popular logró un acuerdo con la formación de Abascal y con Ciudadanos para hacer alcalde a su candidato, Jorge Azcón. En el Senado, en cambio, el resultado fue peor y Vox ni siquiera obtuvo representación y Soriano también aquí se quedó sin silla.

La de Soriano no es la única empresa que trabajó para Vox en las europeas y que no ha presentado facturas por ellas. En el informe del Tribunal de Cuentas también destacan estas mismas prácticas en empresas como Libertad Digital, Eden Artes Gráficas, Print Design, Coprint Impresión y Reprografia y Julia Urgel. La cantidad de euros sin declarar asciende a 1,55 millones de euros, según el informe.

Pero en esto Vox no está solo. Esas 73 empresas que no han presentado las facturas correspondientes han trabajado para los cuatro grandes partidos y el dinero sin declarar en gastos electorales es de un total de 6,4 millones de euros. Destacan entre todos el PSOE, que es el partido que más empresas de este tipo ha contratado -21 de las 73-, y el Partido Popular, que es la formación con más dinero sin declarar -2,6 millones de euros-. Algunas de estas infracciones podrían constituir un delito electoral y, en caso de que no fuera así, los responsables podrían tener que hacer frente a multas de entre 100 y 1.000 euros.