La primera opción del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al incremento de casos de coronavirus no es, a pesar de las críticas por "dejación de funciones" y de la constatación por parte de Fernando Simón de que las cosas no van bien, una nueva declaración del estado de alarma.
El Ejecutivo central pretende que la gestión de la pandemia se mantenga en manos de la comunidades autónomas, en coordinación con el Gobierno, aunque eso conlleve, como se ha visto en la última semana, que la aplicación de normas que conlleven alguna limitación de derechos queden bajo el criterio de los jueces.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha sido el último dejar constancia de la apuesta por esta estrategia, aunque recordando que, "desde el primer momento", el Ejecutivo ha mantenido que no descarta volver a declarar el estado de alarma en caso necesario.
"Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo", afirmó en una entrevista en RNE.
En opinión del también coordinador de Izquierda Unida, todas las regiones están manteniendo "una decencia muy alta, un esfuerzo y una dedicación enormes para combatir un virus que no discrimina entre colores políticos". Todas menos Madrid.
Después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusará al Ejecutivo de expandir el virus con su "dejación de funciones", Garzón le ha reprochado utilizar la pandemia para "atacar y desgastar al Gobierno".
Precisamente, en Madrid se ha producido una de las situaciones que denotan que no solo basta con una "coordinación excelente", sino que es preciso disponer de una base legal amplia. Un juez rechazó ratificar la orden autonómica que aplicaba las medidas consensuadas con el Gobierno el pasado 14 de agosto, amparándose en que desde una comunidad "no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma". Algo que, sin embargo, ya está en vigor en muchas otras comunidades.
A esta situación se añade la presión creciente de la vuelta a las aulas y las peticiones reiteradas de que exista una coordinación central y una sola estrategia, sobre todo desde voces populares. En este caso, el PP reclama que sea el Ejecutivo central quien asuma las decisiones. Lo resumen unas declaraciones de Ana Pastor, vicesecretaria de política social del PP: "La responsabilidad de la pandemia es del Gobierno de España, con independencia de las competencias del Estado autonómico".
El argumentario del Gobierno, por contra, parte del hecho de que tras la caída de la última prórroga del estado de alarma y la aplicación del decreto de nueva normalidad, son las autonomías quienes tienen las competencias y deben legislar con ellas. También ensalzan que mientras que antes reclamaban la vuelta de las competencias a la comunidades, ahora le exigen responsabilidades que no tiene.
Alarmas regionales
Mientras se cocinaban las últimas prórrogas del estado de alarma, emergió la idea de acometer una serie de modificaciones en las leyes sanitarias que flexibilizaran el margen de maniobra para responder de manera más eficaz, pese al juego de competencias, ante crisis como la provocada por la Covid-19. Estas modificaciones, que permitirían ceder el control sin decretar el estado de alarma, han desaparecido de la agenda del Ejecutivo.
Lo que sí permiten las leyes españolas es decretar estados de alarma regionales, una posibilidad que ya está en la mesa de algunas comunidades. Esta misma semana, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha constatado su disposición a recurrir a esta medida en el caso que fuera necesario. Eso sí, tal y como recordó, "habría que solicitarlo al Consejo de Ministros, aprobarlo el Gobierno y en este Estado de Alarma Regional, que se actualizaría cada 14 días, la Junta ejercería la autoridad por delegación".